Los juzgados acumulan 57.000 sentencias penales sin ejecutar

56.903 sentencias penales se encuentran sin ejecutar en la Comunidad Valenciana. De esa cifra global, 43.908 corresponden a fallos que tratan asuntos graves, tales como homicidios, violencia de género, tráfico de drogas y agresiones sexuales, entre otros.

Pero con ser estos datos reveladores de la situación en que se encuentran los juzgados, mucho más alarmante es el hecho de que 23.000 sentencias ejecutorias -decisiones firmes que obligan al cumplimiento de las penas- de las oficinas judiciales de penales ni siquiera se hayan tramitado, permaneciendo archivadas en las diferentes dependencias sin que nadie, ni magistrados ni secretarios, haya abierto una página. Estos 23.000 fallos olvidados corresponden a los tres juzgados de Ejecutorias de Valencia más a los de Orihuela y Benidorm.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana, Juan Luis de la Rúa, ha hecho constar en las memorias correspondientes a los ejercicios de 2006 y 2007 esta grave situación, y en enero del año pasado presentó una queja ante el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia con escaso éxito. De la Rúa también ha advertido de que la situación se agravará en el futuro. Ayer el consejero de Justicia, Fernando de Rosa, se sumó a estas denuncias y cargó contra el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, al que responsabilizó del caos y el desorden en los juzgados valencianos. La realidad es que la solución al problema compete al Gobierno de España y a la Generalitat. El primero debe incrementar el número de juzgados, pero de momento no aprueba la creación de 22 de ellos y el segundo debe dotarlos de medios humanos y materiales, a todas luces insuficientes.