Emergencia judicial

Mal empezaría la nueva legislatura si la renovación del Consejo General del Poder Judicial siguiera posponiéndose con diversos pretextos. Vincular esta renovación a un previo o simultáneo pacto global sobre la justicia, como defienden los nuevos responsables del grupo parlamentario popular en el Congreso, suena a pretexto. Si se quiere hacer frente a los problemas de la justicia, lo primero que hay que procurar es que su órgano de gobierno esté en condiciones de ejercer sus funciones en plenitud y no en precario como le sucede al actual Consejo desde que concluyó su mandato en noviembre de 2006.

Tras las últimas elecciones no tendría sentido -nunca lo ha tenido- seguir con un tipo de oposición que busque más deslegitimar la legislatura, desestabilizando las instituciones del Estado si es preciso, que controlar la acción política del Gobierno. Y el de la justicia es campo abonado para ejercer la oposición de la segunda manera, no sólo pactando medidas para su mejora con el Gobierno sino criticando con fuerza su actuación en lo que son sus competencias. Situaciones como la que denuncia el juez encargado de ejecutar las condenas por maltrato a mujeres en Madrid -7.000 expedientes a cargo de un solo juez y una secretaria, lo que se traduce en quebrantamientos de condena en masa-, no sólo constituyen un escándalo en sí mismas; alcanzan el nivel de cuestión de Estado, al afectar a la seguridad jurídica, a la convivencia y a la propia credibilidad del sistema judicial. La carencia de medios en este caso es clamorosa, como lo es la incuria del Consejo del Poder Judicial que no atendió las quejas del juez ni las trasladó al Ministerio de Justicia ni al Gobierno de la Comunidad de Madrid, que tiene transferida la gestión en la materia.

La responsabilidad principal sobre la situación de la justicia recae sobre el Gobierno. El de Zapatero no ha conseguido, como prometió, doblar las partidas destinadas a la justicia -del 1% del gasto público en 2004 al 2%- ni tampoco crear todas las 1.000 nuevas plazas judiciales prometidas. Pero junto a más medios, lo que precisa la justicia española es una mejor gestión de los ya existentes, asignándolos a los focos de mayor actividad judicial, se trate del maltrato a la mujer o de los nuevos delitos de tráfico. Y un plan serio de mejora informática que acabe con la anomalía de que un juzgado no sepa lo que hace el de al lado en pleno siglo XXI, causa de errores como el producido con el presunto asesino de la pequeña Mari Luz. Es incomprensible que a día de hoy no exista un registro judicial centralizado que, bajo la tutela del Consejo del Poder Judicial, recoja todas las anotaciones judiciales referentes a medidas cautelares, órdenes de busca y captura y condenas firmes o recurridas. Son temas que bien merecerían -¡y cuanto antes!- la atención conjunta del ministro Bermejo y de los consejeros de justicia de las autonomías afectadas, estén gobernadas por el PSOE o por el PP.