Infraestructuras

Las muestras de cambio de ciclo son inequívocas, y en tiempos de ajuste es habitual que el sector público compense la pérdida de actividad con medidas de dinamización de la obra pública.

Sin embargo, las administraciones públicas tendrán que compatibilizar su esfuerzo inversor para seguir modernizando las infraestructuras con una capacidad más limitada para obtener recursos. Desde luego, por la ralentización progresiva en el crecimiento del ingreso tributario, pero también por el contexto de estabilidad presupuestaria, que tan buenos resultados ha dado, pero que impone fuertes restricciones al nuevo endeudamiento. Siendo así, es previsible que aumenten los incentivos a explorar alternativas que permitan impulsar nuevos proyectos basados en fórmulas de colaboración público-privada.

Es previsible que se incentive la búsqueda de fórmulas de colaboración público-privada para afrontar nuevas inversiones

Aunque las condiciones financieras se han deteriorado, no serán obstáculo insalvable para ejecutar inversiones. La existencia de fondos especializados en infraestructuras o la diversificación hacia este tipo de riesgos de las entidades de crédito facilitan la canalización de recursos privados como una alternativa a considerar por los Gobiernos regionales.

En cualquier caso, la dotación de capital público ha sido heterogénea en el territorio nacional. Si bien, en algún momento ha podido explicarse por la desigual actuación de la Administración central, hoy tan decisivo como este factor resulta el diferente grado de decisión en el planteamiento de los proyectos por parte de los Gobiernos autónomos. Y ello no es ajeno a las dificultades que se perciben para mantener la financiación de esa inversión fuera del perímetro presupuestario.

Aunque en algún caso los proyectos pueden adolecer de un diseño que realmente traslade al privado, no sólo la financiación, sino también el riesgo, sería deseable una mayor complicidad entre el conjunto de las administraciones para analizar casos de éxito y, además, planificar con rigor el impacto en las cuentas públicas a medio y largo plazo.

C. Cantalapiedra y S. Borraz son profesores de la Escuela de Finanzas Aplicadas (EFA).