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Un error en la ley regional permite subir el precio de los pisos protegidos

Las promotoras encarecen las viviendas públicas a cientos de adjudicatarios

La decisión de la Comunidad de Madrid de elevar hasta un 30% el precio de las viviendas protegidas está causando más de un dolor de cabeza a los adjudicatarios de estos pisos. Sobre todo para los que se edificarán en nuevos barrios promovidos por administraciones públicas, como Los Molinos-Buenavista, en Getafe; Los Espartales, en Alcalá, o Móstoles Sur. A pesar de que la Consejería de Vivienda lleva una semana asegurando que los pisos construidos en suelo público, no se verán afectados por esta subida, varias promotoras de estos barrios aseguran que subirán los precios para acogerse a la nueva norma regional. Existe una contradicción entre lo que dice Vivienda y la literalidad de la ley.

Mientras que la Comunidad apela al "espíritu de la ley" para impedir que suban cualquiera de los pisos que ya han sido adjudicados, o aquellas construidas en suelo público, las promotoras se acogen a la literalidad de la ley para encarecer las viviendas protegidas. Un error en la redacción de la ley, o al menos una falta de concisión, parece tener la culpa. La redacción de la norma dice que la subida de precios sólo se podrá aplicar en viviendas que no hayan solicitado la calificación de protección pública antes de la entrada en vigor de la orden. Pero muchas promotoras, aprovechando el resquicio legal, han retrasado esta calificación hasta la entrada en vigor de la norma regional para beneficiarse de la subida. Algunas incluso ya habían adjudicado las viviendas. Algunos propietarios han visto cómo su promotora encarece su piso un 30%.

La constructora Atrium edificará 105 viviendas protegidas en el barrio Móstoles Sur. La semana pasada envió una carta a sus adjudicatarios, que ya han firmado un contrato de reserva, en la que se establecen los nuevos precios de sus casas que van desde los 214.500 a los 276.600 euros. Atrium precisa que ha calculado los precios según el módulo vigente aprobado el pasado 1 de abril por el Gobierno regional.

La propia empresa reconoció ayer a este periódico que conoce la postura de la Comunidad respecto al alza de los precios, aunque insiste en que la orden da luz verde a la subida. "No hay otra comunicación con rango de ley salvo la orden publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid", explicó una portavoz de la empresa. Ésta agregó que Atrium no ha solicitado por el momento la calificación provisional para vivienda protegida, un permiso especial que otorga la Comunidad para estos pisos.

La polémica parece estar servida, dado que Vivienda reconoce que "no todas" las promotoras han solicitado dicha calificación. La respuesta de muchas constructoras es simple: al no haberse solicitado ni siquiera el permiso a la Comunidad de Madrid, el incremento es de aplicación. Pero Vivienda insiste en que si las viviendas ya han sido adjudicadas no pueden subir los precios.

Un portavoz de Vivienda anima a los adjudicatarios que pudieran verse afectados por este encarecimiento a denunciar la situación. "En ese caso abriríamos un expediente a la empresa que aplique subidas", precisa.

"Muchos hemos contactado con las promotoras, pero ninguna es clara y nos dicen que pueden aplicar la subida", explica Irene Ros, una de las adjudicatarias de viviendas en Móstoles Sur. Como ella, decenas de afectados por una posible subida en el precio final de sus viviendas han puesto en marcha una campaña informativa con el objetivo de organizarse e incluso protagonizar movilizaciones. "No puede ser que, de la noche a la mañana, veamos que unos pisos que íbamos a comprar por 170.000 euros nos cuesten ahora más de 200.000", agrega Ros.

El Ayuntamiento de Getafe anunció ayer que enviará un comunicado a todas las cooperativas y promotoras de los barrios de Buenavista y Los Molinos instándoles a no subir los precios.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 16 de abril de 2008