Defensa recomendó psiquiatras a las familias del Yak-42 que se quejaron

¿Es relevante la identidad del muerto en un certificado de defunción? No se trata de una adivinanza de humor negro sino de la cuestión que ayer se debatió durante horas en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, enfrentada a los recursos contra el auto del juez Grande-Marlaska que archivó la causa por la errónea identificación de los cadáveres de 30 de los 62 militares muertos en el accidente del Yak-42, el 26 de mayo de 2003.

Tanto el fiscal Fernando Burgos como los abogados de la acusación particular coincidieron básicamente con el relato del juez, según el cual la comisión enviada por el entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, adjudicó de forma aleatoria los nombres a los cadáveres que no habían sido previamente identificados por los forenses turcos.

Pero las acusaciones discreparon del juez en su afirmación de que esta mentira resultó "inocua e intrascendente", y sólo produjo "daños morales" a las familias de las víctimas, ya que todas murieron por la misma causa en el mismo lugar y momento.

Entre el público se sentaban algunos sujetos pasivos de aquellos "daños morales": padres que recibieron un cadáver que no era el de su hijo; que tuvieron que desenterrarlo meses después y devolverlo a sus legítimos parientes; y que no pudieron recibir los restos de su ser querido porque, en contra de su voluntad, había sido incinerado.

El letrado Leopoldo Gay explicó que, cuando las familias empezaron a expresar sus dudas y angustias por la premura de los entierros y el posible error en las identificaciones, desde el Ministerio de Defensa se les respondió recomendándoles tratamiento psiquiátrico.

Por si este "calvario" no fuera suficiente, las acusaciones insistieron en el único punto cuya relevancia penal no está al parecer sujeta a discusión: la incidencia de un documento falsificado en el "tráfico mercantil". Es decir, las posibles consecuencias de cambiar la identidad de un cadáver en futuras controversias sobre filiación, herencia o enfermedades hereditarias.

"Lo hicieron mal y lo sabían", dijo Burgos, quien imputó "dolo falsario" al general de división Vicente Navarro y a sus dos ayudantes, el comandante José Ramírez y el capitán José Sáez. Leopoldo Torres, abogado de las familias -que acusan también al teniente general José Antonio Beltrán-, sostuvo que "no hubo error sino falsedad deliberada" y que la causa de esta macabra chapuza fue "que se les quería enterrar inmediatamente y a toda costa", porque se había organizado "un funeral de Estado en fecha y hora determinada".

El tribunal, presidido por el magistrado Alfonso Guevara, decidirá ahora si entierra de nuevo el asunto u ordena que culmine la investigación judicial.