Barberá sacrifica 71 parcelas de suelo público para viviendas o iglesias

Rita Barberá, alcaldesa de Valencia desde 1991, ha sacrificado 71 parcelas destinadas a escuelas, jardines, instalaciones deportivas y otros servicios públicos en el Plan General de Ordenación Urbana de Valencia aprobado en diciembre de 1988. La superficie conjunta del suelo que estaba previsto para usos públicos y dotacionales y que ha sido cedido a promotores de vivienda, a hoteleros o a la Iglesia suma un total de 693.068 metros cuadrados, según un pormenorizado análisis del cumplimiento de aquel proyecto de ciudad por parte del grupo municipal del PSPV.

El informe revela que bajo mandato de Barberá, la ciudad ha prescindido de 35 parcelas destinadas a uso escolar; 25 para otros servicios públicos; cinco previstas para uso deportivo; cuatro jardines; y dos instalaciones industriales.

El balneario de Las Arenas y el edificio de la Lanera ya son hoteles

El análisis también revela los actuales propietarios de las 71 parcelas de uso público que Barberá ha cedido en los últimos 17 años. La gran mayoría, 25 parcelas previstas como dotacionales, albergan viviendas. En segundo lugar, aparece como beneficiaria la Iglesia. Un total de 11 parcelas se usan o usarán para iglesias y otros centros vinculados al arzobispado. Otras dos parcelas dibujadas para uso público están ocupadas por sendos hoteles, uno en el antiguo balneario de las Arenas y otro en el edificio de la Lanera. Cuatro solares públicos se usan como centros deportivos de carácter privado. Las 28 parcelas restantes han modificado sus usos originales de forma provisional.

El equipo municipal presidido por Barberá ha recurrido esencialmente a dos fórmulas para modificar los usos del suelo público. En primer lugar, la modificación puntual del plan general, que anula definitivamente la función social y pública a la que fueron asignadas las parcelas afectadas. Tales modificaciones han permitido al Ayuntamiento vender suelo escolar para la construcción de viviendas y, por otro lado, convertir un jardín en un centro socio cultural.

Otras modificaciones son provisionales y solo adquirirán carácter definitivo si la revisión del Plan General de Ordenación Urbana, que está en marcha en la actualidad, confirma su uso provisional. El informe cita el caso del lavadero que ha instalado una estación de servicio en Malilla sobre suelo previsto para un jardín. También menciona una instalación deportiva elemental ubicada sobre suelo calificado como escolar.