El Comité de las Regiones de la UE apoya la política del agua de Camps

La política hídrica favorable a los trasvases entre cuencas que defiende la Generalitat recibió ayer el apoyo del Comité de las Regiones de la Unión Europea, que aprobó, durante la sesión plenaria celebrada en Bruselas, el Informe Camps. El documento, junto con otros, servirá de orientación para las futuras políticas comunitarias contra la sequía. Los socialistas europeos, entre los que se encontraban los representantes de Cataluña, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha y Galicia, votaron en contra del texto.

En el debate se introdujeron hasta 43 enmiendas, alguna de las cuales establece condiciones para poder llevar adelante los trasvases. El dictamen considera positivos "los trasvases de recursos excedentes y otros intercambios de agua entre sistemas dentro de cada uno de los Estados como medidas de articulación de la solidaridad en materia del agua"; pero establece la siguiente condición: "Siempre que quede garantizada la mejora del medio ambiente, la calidad de las masas de agua, la recuperación de los acuíferos y los caudales ecológicos".

Esta limitación, según el director del Instituto Aragonés del Agua, Rafael Izquierdo, impide cualquier trasvase del Ebro porque "jamás" se podrían cumplir "las premisas" aprobadas por el propio Comité de las Regiones.

Si los trasvases están condicionados, las desaladoras fueron estigmatizadas: "La desalación", señala el documento aprobado ayer por el pleno, "es un proceso de alto consumo energético y tiene un importante impacto medioambiental", por lo que "solo debería considerarse como una opción en los casos en que los beneficios compensen dicho impacto".

El respaldo del Comité de las Regiones al Informe Camps fue recibido con alborozo entre los representantes de la Generalitat y del PP. El presidente del Gobierno valenciano sacó pecho afirmando que la defensa de los trasvases será a partir de ahora la postura de todas las regiones europeas. El dictamen el Comité tiene su origen en una comunicación de la Comisión Europea en la que se ponía el acento en el ahorro del agua y en una tarificación adecuada para cubrir los costes de este recurso. No apostaba por infraestructuras como los trasvases o las desaladoras.

Diferentes portavoces del PP interpretaron la aprobación del informe como "un varapalo" a la política hídrica de Zapatero y, en consecuencia, un "espaldarazo" a la del PP. "Bruselas, concluyeron, se ha percatado antes de nuestras necesidades hídricas que el Gobierno".