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El debate de investidura

Cuatro pactos llenos de obstáculos

Los acuerdos propuestos por Zapatero chocan con los intereses de nacionalistas y del PP

José Luis Rodríguez Zapatero llenó de buenas intenciones su discurso de investidura. Habló de consensos básicos y tendió la mano a todos, empezando por el PP, para sellar al menos cuatro pactos de Estado en materia antiterrorista, política europea, Administración de justicia y financiación autonómica. Lograr cada uno de los acuerdos que desea Zapatero implica salvar múltiples obstáculos.

CONTRA ETA La clave del diálogo

El acuerdo contra el terrorismo encabeza la lista de pactos de Estado que Zapatero quiere ofrecer a Rajoy y al resto de partidos y con ello olvidar la pasada legislatura, cargada de desencuentros en esta materia, algo que sólo beneficia a los terroristas a juicio del presidente en funciones. Zapatero no quiere un acuerdo escrito, como fueron los pactos de Ajuria Enea, de 1988, o el Antiterrorista, de 2000. Pretende buscar el acuerdo con Rajoy y el resto de partidos para encarar un mandato que arranca con la banda terrorista amenazando con más atentados. Entre el PP y los nacionalistas hay unas diferencias de criterio notables sobre la manera de encarar la política antiterrorista. El PP rechaza cualquier posibilidad de diálogo con ETA y los nacionalistas lo defienden. El PSOE ya ha afirmado que el acuerdo que pretende excluye el diálogo con los terroristas. El propio Zapatero confirmó en el debate de investidura que no hay ninguna expectativa de diálogo con la banda, a la que reclamó un final "definitivo e incondicional". Los socialistas creen que el acuerdo con todas las fuerzas es posible, pero las diferencias son grandes.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Los barones deciden

El nuevo modelo de financiación autonómica deberá estar listo este verano. Economía mantiene ese ambicioso calendario para cerrar una negociación que se avecina compleja, pero las bases quedaron sentadas hace varios años. El proceso transcurrirá en una doble vertiente. Por un lado, el ministro Pedro Solbes intentará acordar con los barones de PP y PSOE (presidentes autonómicos) un modelo que satisfaga a todos. Por otro, se cerrará un pacto con el Partido Popular que previsiblemente allanará las conversaciones con las comunidades. El Gobierno pretende arrancar el proceso en las próximas semanas.

Las Administraciones autonómicas se financian con impuestos propios y con participaciones en varios impuestos estatales. En la actualidad reciben un 33% del IRPF, un 35% del IVA y un 40% de los impuestos especiales. Aunque los nuevos porcentajes serán objeto de negociación, Solbes se mostró en el pasado partidario de ceder a todas un 50% del IRPF, tal como figura en el Estatuto de Cataluña. Tanto PSOE como PP coinciden en el que el modelo de financiación debe ser generalizable, por lo que es probable que las cantidades acordadas para Cataluña (la mitad del IRPF y del IVA y un 58% de los impuestos especiales) se apliquen a todas las comunidades.

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Más allá de la urgencia por aumentar los recursos, el hecho de que el Estatuto de Cataluña marque el próximo 9 de agosto como fecha en la que deberán estar definidos los principios básicos de nivelación entre comunidades (es decir, cuánto dinero recibe cada una en función de sus necesidades) obliga a agilizar la negociación. Tras las elecciones del 9-M, Cataluña ha ganado peso político y se siente más legitimada a poner condiciones.

Además de la financiación, Zapatero se ha comprometido a publicar en dos meses las balanzas fiscales, una demanda histórica de los nacionalistas que permitirá comprobar cuánto aporta cada comunidad al Estado y cuánto recibe. Economía avanza que no ofrecerá unos números cerrados, sino "varias balanzas" en función de las distintas variables que se utilicen para calcularlas. Y advierte de que el nuevo modelo de financiación autonómica no se regirá por lo que marquen esos cálculos.

ÓRGANOS CONSTITUCIONALES Claves de la renovación

Dos órganos clave de la Administración de justicia, el Consejo General del Poder Judicial (que gobierna sobre los jueces, nombra altos cargos judiciales y dictamina determinados proyectos de ley) y el Tribunal Constitucional tienen pendiente la renovación de sus cargos. El Consejo General del Poder Judicial lleva 16 meses en funciones con mayoría conservadora, la que salió hace más de cinco años como consecuencia de aplicar el modelo de elección que aprobó el Gobierno de José María Aznar con el apoyo del PSOE. Ahora, el PP quiere cambiar ese modelo, consistente en elegir vocales en función de la representación de cada partido político en el Parlamento y de entre candidatos propuestos por los propios jueces. En cualquier caso, el PP exigirá en la negociación 9 de los 20 vocales que componen el órgano, con lo que se quieren garantizar una minoría de bloqueo para los nombramientos. El PSOE, en la legislatura pasada, le ofrecía ocho pero ahora el PP puede defender que ha conseguido más votos y escaños en las elecciones del 9-M.

Para el Constitucional, la batalla pendiente de librar tiene que ver con el Estatuto catalán. El recurso del PP contra el Estatuto se está tramitando en el Constitucional y el pleno encargado de resolverlo es de mayoría conservadora (seis vocales frente a cinco). Si la renovación de cuatro magistrados, pendiente desde el mes de diciembre, se resuelve pronto mediante un acuerdo entre PP y PSOE, los progresistas pasarán a ser mayoría en el Constitucional y el recurso contra el Estatuto catalán, si no se ha resuelto para entonces, puede tener otro resultado distinto. La renovación se anuncia muy complicada pues sin el acuerdo del PP es imposible acometerla.

POLÍTICA EUROPEA Un pacto para 2010

Zapatero ofreció en su debate de investidura un pacto de Estado para consensuar los objetivos de la presidencia española de la Unión Europea, prevista para el primer semestre de 2010. En su réplica a Rajoy fue más ambicioso incluso y habló de un "acuerdo para definir los objetivos de la política exterior, especialmente la política hacia Europa". El líder del PP le contestó con desdén. Aseguró que España pesa internacionalmente mucho menos que hace cuatro años y aludió de pasada a la reciente fotografía de un Zapatero solitario en la cumbre de la OTAN en Bucarest para criticar su "aislamiento". Si le apoya será, agregó Rajoy, para "una rectificación a fondo de su política exterior". Pese a ello, fuentes populares consideran que no es difícil que se logre un pacto de Estado sobre los objetivos de la presidencia europea, ya que ambos partidos consensuaron la postura española sobre el tratado constitucional europeo en la anterior legislatura, en plena etapa de crispación, y pidieron el sí en el referéndum de febrero de 2005. Las dificultades podrían venir dadas por la pugna que acompañará inevitablemente la celebración de las elecciones europeas, en junio de 2009, y por la inclusión en el acuerdo de temas más conflictivos, como la política hacia Cuba.

Con información de Luis R. Aizpeolea, Lucía Abellán, José Manuel Romero y Miguel González

A la izquierda, los socialistas Rubalcaba y Jáuregui dialogan con el peneuvista Erkoreka. A la derecha, Josep Antoni Duran (CiU) charla con la ministra Mercedes Cabrera.
A la izquierda, los socialistas Rubalcaba y Jáuregui dialogan con el peneuvista Erkoreka. A la derecha, Josep Antoni Duran (CiU) charla con la ministra Mercedes Cabrera.ULY MARTÍN

Los grandes pactos que ofreció Zapatero en su discurso

- Terrorismo. "Me empeñaré en alcanzar un compromiso democrático contra el terrorismo que podamos compartir e impulsar todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria y en el que los ciudadanos puedan verse colectivamente reflejados y amparados".

- Exteriores. "La presidencia española de la Unión Europea en 2010 es, sin duda, un objetivo de Estado en el que todos debemos implicarnos y cuyo éxito debemos compartir todos. Quiero consensuar los objetivos a alcanzar en nuestra presidencia y así incrementar el grado de coincidencia entre nosotros sobre el desarrollo futuro de la Unión Europea".

- Justicia. "Quiero proponerles un acuerdo, que deberíamos alcanzar en el plazo más breve posible, sobre la renovación urgente de dos de nuestros órganos constitucionales más relevantes: el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial. Es un acuerdo que posibilitará y facilitará la consecución de acuerdos posteriores sobre la urgente reforma de la justicia".

- Financiación autonómica. "Otro acuerdo que también deberíamos alcanzar en el plazo más breve posible es sobre el sistema de financiación autonómica. Es, lo he dicho ya, pieza clave para la estabilidad de nuestro sistema institucional".

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