El PP pretende desactivar a la Síndic de Greuges

El Partido Popular pretende desactivar el control de facto que los socialistas ejercen sobre la Sindicatura de Greuges desde que el cargo está vacante a través de una modificación del Reglamento que rige el funcionamiento de la institución, el equivalente autonómico del Defensor del Pueblo. El objetivo es que Emilia Caballero, nombrada adjunta primera al Síndic a propuesta del PSPV, y Carlos Morenilla, adjunto segundo a propuesta del PP, se turnen en el ejercicio del cargo.

Los dos adjuntos se turnarían en el cargo mientras se pacta otro Síndic

El PSPV cree que la Mesa viola derechos fundamentales de sus diputados

La ley establece que "en tanto no se haga efectiva la toma de posesión del nuevo Síndic de Greuges, desempeñarán el cargo, interinamente y con plenitud de funciones, los adjuntos, por su orden". El Reglamento ni siquiera menciona el caso.

Ricardo Costa, portavoz del PP, anunció ayer una iniciativa para llevar a la comisión de peticiones una modificación del Reglamento que establezca el carácter rotatorio del mandato cuando se ejerce de forma interina, una modificación que se aprobaría por mayoría sin necesidad de alcanzar los dos tercios del pleno que requiere la elección del nuevo Síndic.

El mandato de Bernardo Rosal, último Síndic de Greuges elegido por las Cortes, concluyó el 9 de abril de 2006. Desde entonces, ocupa el cargo de forma interina Emilia Caballero. Es la segunda ocasión en la que Caballero se encuentra en la misma tesitura. Cuando falleció Luis Fernando Saura, en octubre de 2000, Caballero asumió el cargo hasta abril de 2001, cuando fue nombrado Bernardo del Rosal. Durante los siete meses en que se hizo cargo de la institución, el PP impulsó su reprobación en las Cortes al considerar que actuaba de forma partidaria.

En noviembre pasado, los dos grupos mayoritarios acordaron que José Cholbi, histórico militante de AP y del PP y actual vicepresidente de las Cortes, sería elegido Síndic. Los socialistas asumieron la propuesta del PP con la intención de poner en evidencia el bloqueo de la renovación del Tribunal Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial en el Congreso de los Diputados.

Pero un mes más tarde, antes de que se sometiera al pleno el nombramiento de Cholbi, los socialistas comunicaron al PP que no apoyarían a Cholbi como Síndic hasta que el Consell consintiera el acceso del diputado socialista José Camarasa a las actas de los consejos de dos empresas públicas.

Los socialistas se habían cargado de razón cuando Milagrosa Martínez, presidenta de las Cortes, concedió su amparo a Camarasa ante la negativa del Consell a facilitar la información que demandaba el diputado socialista.

Desde entonces, populares y socialistas se acusan mutuamente de bloquear las instituciones. Ricardo Costa alega que el PSPV rompe un acuerdo que llegó a ser tramitado por la Mesa de las Cortes. Ángel Luna, portavoz socialista, replica que el PP quiebra el Reglamento de las Cortes y violenta el amparo que Milagrosa Martínez, presidenta del Parlamento autonómico, concedió en su día a Camarasa.

El forcejeo entre ambos grupos sigue estrategias diferentes. Mientras el PP se apoya en su mayoría absoluta para forzar una modificación reglamentaria para que la Sindicatura de Greuges "vuelva a la normalidad", el PSPV baraja pedir amparo al Tribunal Constitucional ante el bloqueo sistemático en la Mesa de las Cortes de cualquier iniciativa destinada a fiscalizar la gestión del Consell.

La gota que ha colmado el vaso ha sido la negativa de la Mesa a tramitar una batería de preguntas por escrito formuladas por el socialista Francesc Signes para conocer el grado de ejecución del plan de prevención de las inundaciones que la Generalitat puso en marcha en 2003.

Signes presentó 160 preguntas relativas a otras tantas actuaciones previstas en el plan para saber si las obras se han licitado, a quién se han adjudicado y cuál es el presupuesto y el plazo de ejecución de las mismas. La Mesa, controlada por el PP, rechazó tramitarlas alegando que las preguntas son de "índole jurídica".

Los socialistas consideran que la actitud del PP entraña una "violación de derechos fundamentales".

Joan Ribó, portavoz de Esquerra Unida en la pasada legislatura, recurrió a la misma fórmula en dos ocasiones y sus solicitudes de amparo han sido admitidas a trámite por el Alto Tribunal.