El Parlamento pide por unanimidad la transferencia de Tráfico a Galicia

El portavoz nacional del BNG, Anxo Quintana, será, junto al socialista Xaquín Fernández Leiceaga y el popular Jesús Palmou, el encargado de defender en el Congreso de los Diputados la proposición de ley que, con el respaldo de todos los partidos gallegos, reclamará el traspaso a Galicia de las competencias del Estado en materia de tráfico, circulación de vehículos y seguridad viaria. En virtud del acuerdo unánime adoptado ayer en la Cámara, Quintana será uno más en la tribuna del Congreso, pero su condición de vicepresidente de la Xunta y el hecho de que la transferencia obedezca a un compromiso adquirido con él por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, le convertirán en el protagonista de la sesión en la que la Cámara baja deberá decidir si apoya o rechaza la demanda que ayer aprobó por unanimidad el Parlamento de Galicia.

La Cámara renuncia al traspaso del permiso de conducir y de circulación

La Xunta aún no ha puesto en marcha la Policía de Galicia creada en 2007

El propio Quintana pidió al PSOE y al PP que "no tengan vértigo" y apoyen la petición unánime de las fuerzas políticas gallegas. "Nadie entendería que no la respaldasen", afirmó antes de la Comisión Interdepartamental de lucha contra la pobreza y la exclusión social. El vicepresidente mostró su satisfacción por el consenso en el Parlamento ("es un gran día para el autogobierno de Galicia", dijo) y afirmó que irá a Madrid "esperanzado" y con "espíritu constructivo". El vicepresidente dice contar con dos "armas democráticas invencibles": la unanimidad en el Parlamento y que Cataluña y el País Vasco ya cuentan con estas competencias. "Sólo pedimos igualdad con las demás comunidades históricas", sentenció.

La necesidad de que todos los partidos voten igual en Santiago que en Madrid fue, precisamente, el argumento en el que coincidieron el portavoz del PP, Jesús Lorenzo, y el del BNG, Carlos Aymerich, para quienes el Congreso de los Diputados no debería introducir ninguna variación en los términos en los que Galicia reclama la competencia en materia de tráfico. Con ambos coincidió también el representante del PSdeG, Xaquín Fernández Leiceaga, a la hora de valorar la importancia que tiene para los intereses de Galicia la unidad de acción de las tres fuerzas políticas representadas en el Parlamento.

Leiceaga justificó la conveniencia del traspaso asegurando que permitirá mejorar la seguridad viaria, que en Galicia depende de numerosos factores específicos, como la climatología, la abundancia de vías secundarias o el número de travesías.

Carlos Aymerich también se mostró convencido de que el traspaso permitirá abordar el problema de la seguridad viaria de forma más eficaz y subrayó la importancia de que la Policía de Galicia pueda empezar "cuanto antes" a desplegarse e hizo votos para que entre sus agentes estén los gallegos que prestan servicio en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

El portavoz del PP, Jesús Palmou, avaló también el traspaso, pero no mantuvo la tesis de su partido de que el modelo de transferencias de la "cooperación inteligente" ha fracasado. De otro modo, subrayó, no sería necesario reclamar a través del Parlamento un traspaso que el Gobierno no ha tenido inconveniente en conceder a Cataluña y el País Vasco.

Las competencias de tráfico, a falta de una reforma del Estatuto, son exclusivas del Estado. Por esa razón sólo se pueden transferir mediante un procedimiento de delegación, previsto en la Constitución, que exige la aprobación de una ley orgánica en el Congreso de los Diputados. El texto de esa ley es precisamente lo que ayer el Parlamento de Galicia acordó proponer a la Cámara baja. La mesa del Congreso será la que decida cuándo se somete a debate. Será entonces cuando Quintana, Leiceaga y Palmou suban a la tribuna de oradores para defenderla.

El texto de la iniciativa, de sólo tres artículos, concede la transferencia de "las facultades de ejecución de la legislación del Estado en materia de tráfico, circulación de vehículos y seguridad viaria" con una sola excepción: la expedición de permisos de conducir y de circulación.

La iniciativa prevé que el ejercicio de estas competencias no comience hasta que no sea efectivo el traspaso de medios humanos y materiales que conlleva. También garantiza el acceso del Estado y de la Xunta a sus respectivos datos en materia de tráfico y atribuye a la Policía de Galicia las funciones de vigilancia.

La Policía de Galicia fue creada el pasado mes de junio mediante una ley que ya entonces preveía que este cuerpo asumiese las competencias de tráfico. No obstante, el texto legal permanece sin desarrollar y la Xunta sigue teniendo que recurrir a los agentes del Cuerpo Nacional de Policía que le fueron cedidos en virtud de un convenio con el Ministerio del Interior heredado del Gobierno de Manuel Fraga.