Los unos y los otros

Los unos. La Audiencia de Castellón condenó hace unos meses al conserje de un colegio público por la muerte de un niño de seis años, al que le cayó encima un armario que no estaba anclado, a indemnizar a los padres con 150.000 euros, como autor de una falta de homicidio imprudente. El fallo declaró responsable civil subsidiario al ayuntamiento y responsable civil directo a Mapfre, la compañía aseguradora de las instalaciones.

El Tribunal Supremo ha reconocido que deben ser indemnizados con 260.000 euros los padres de una niña con minusvalía y múltiples secuelas debido a que no se adoptaron las medidas adecuadas durante el parto en un hospital de Madrid y hubo demora en la cesárea que le practicaron a la madre. Los padres alegaron que la cesárea no fue practicada hasta 35 horas después de la rotura de la bolsa y 29 horas después del ingreso hospitalario, una mala actuación de los facultativos que fue determinante para provocar las secuelas que la menor sufrió.

La Fiscalía ha acusado a nueve personas de un delito de lesiones imprudentes y otro contra la seguridad de los trabajadores por el accidente laboral sufrido por un obrero que trabajaba en un colegio de Málaga cuando le cayó encima una torreta mientras realizaba labores de encofrado. En su escrito, la fiscal solicita 13 meses de prisión para los acusados, entre los que figuran los responsables de la empresa encargada de evaluar los riesgos y de implantar las medidas de seguridad, además de los representantes de las empresas contratista y subcontratista de la obra, el arquitecto, el aparejador y el coordinador de seguridad.

Los otros. La inspección del Poder Judicial ha encontrado hasta cinco errores "muy graves" en el trabajo de dos jueces de Sevilla. Los fallos posibilitaron que Santiago del Valle, presunto asesino de la niña Mari Luz, no fuera encarcelado a pesar de que existía una condena firme por abusos sexuales. A los jueces se les atribuye pasividad, dejación de funciones, ausencia de control en la actividad de los funcionarios y desatención. Por estos hechos, uno de los jueces podría ser sancionado con el traslado forzoso, la suspensión temporal de empleo o la expulsión. El otro juez, que tardó 31 meses en redactar una sentencia, evitará la sanción. Según la Ley Orgánica del Poder Judicial, al tardarse dos años en descubrirse, el error ya ha prescrito. El sistema falló, pero también falló el mecanismo de control del sistema. La inspección que ahora ha descubierto estos cinco "errores muy graves", hizo unos meses antes una revisión ordinaria en ese juzgado y no detectó ni una irregularidad ni se dio cuenta de que el pederasta Santiago del Valle no estaba en la cárcel, como debiera.

Los jueces y los funcionarios de justicia se quejan amargamente de la falta de medios y de la enorme presión bajo la que trabajan. Los conserjes de colegio también. Y los médicos de hospitales. Y los arquitectos y los aparejadores en las obras. Y cualquier otro profesional en el ejercicio de su actividad. Pero de momento, hay una diferencia entre los primeros y todos los demás. Conserjes, médicos, arquitectos... pueden acabar condenados por hacer mal su trabajo, si esa mala actuación acaba en un homicidio imprudente. La otra diferencia es la responsabilidad civil subsidiaria. La que debe asumir el empresario que no adoptó las medidas de seguridad en la obra, la del ayuntamiento que no veló por la seguridad del colegio o la del centro sanitario que no garantizó una atención eficiente. ¿Qué responsabilidad civil subsidiaria tienen las administraciones públicas, que mantienen un sistema judicial en España donde se acumulan 1.481.546 sentencias pendientes de ejecutar y casi medio millón de ellas son penales, como las que tenía el presunto asesino de Mari Luz?