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COLUMNA

No hay error judicial

Anda el cotarro judicial estremecido a causa de ciertas lenidades forenses, de actualidad y comentario general. La pereza siempre tuvo cobijo entre los legajos y aunque ahora vivo alejado de calamidades judiciales, las sufrí en gran cantidad, por mi mala cabeza unas veces, otras por inquinas o desidias. La revolera que ha causado la incorrecta puesta en libertad de un paidófilo irrecuperable y reincidente y la confluencia de los focos de atención sobre el tema, han iluminado la actualidad nacional.

Siempre que alguien escribe sobre los años de la dictadura de Franco los moteja de grises, necios, funestos y deleznables, cuando menos. Probablemente lo fueron para muchos, pero también algunos milloncejos de españoles vivieron aquella época con privaciones y entereza, sobreponiéndose al infortunio general con esfuerzo y tenacidad personal. Trato de algo que, como tantos otros, conocí de cerca: la estolidez de las dictaduras, la falta de riqueza mental y espiritual y la ausencia generalizada del humor y tolerancia.

Lo que me fastidia de la dictadura es su estúpida cerrazón e incoherencia

En medio de aquel inacabable estado de excepción, la gente se removía buscando acomodo en su profesión, sacando adelante la familia, intentando prosperar, con el pisito, el seiscientos, las vacaciones en Benidorm o la parcela en la sierra. No es que las cosas funcionaran todas mal, sino que lo hacían de forma distinta. Tres años de Guerra Civil averían cualquier convivencia.

Entre lo que funcionaba con ancestral perversidad era la maquinaria de la justicia. Había, ya lo creo, jueces íntegros, secretarios intachables, denodados oficiales al servicio de la ley, pero lo más frecuente se asentaba en la corrupción, el soborno, "la astilla", según el lenguaje coloquial. Así apodaron, instantáneamente al lugar donde se trasladaron los juzgados, Castellana arriba: plaza de la Astilla.

Los procuradores y abogados aumentaban sus éxitos profesionales según el olfato para saber qué manos estaban abiertas y cuánto estaban abiertas para recibir la mordida. De mis recuerdos figura la integridad del juez Martín de Hijas y la de otro, al que confinaron en el Juzgado de Orden Público para mortificarle y de cuya bondad con la prensa he tenido muchísimas muestras. Habré pasado 15 o más veces por sus manos, directamente o acompañando a colaboradores notorios, como Antonio Gala, José Bergamín, Chummy, Haro Tecglen y otros, y jamás incoó expediente alguno. Charlaba con nosotros, corregía a veces la declaración -que se prestaba en su presencia- eliminando expresiones que podían ser contraproducentes en el posible recurso fiscal y nos acompañaba hasta el ascensor del Palacio de Justicia. Luego, vejado una vez más, volvió a la jurisdicción ordinaria y le he visto salir, en persona, al pasillo, para llamar en voz alta al reo o al testigo, a quienes, en todo caso, atendía directamente, como era su obligación. Ignoro cuál es su estado actual, y si continúa entre nosotros, cual sería mi deseo, pero quiero que conste su nombre: Gómez Chaparro. Nunca le vi fuera de la sede judicial.

La anécdota que basa esta columna tuvo como protagonista a un señor fiscal que, por la edad sospecho haya pasado a otra vida. Se llamaba don Enrique Jiménez Asenjo. Había sido, entre otras cosas, subdirector general de Seguridad y le traté personalmente por la estrecha relación que mantuvo con la actriz Niní Montián, hacia quien sentí un prolongado afecto.

Largo exordio para llegar al meollo. En un acto público, celebrado en la naciente Escuela Oficial de Periodismo, abarrotada de alumnos, presidido por Juan Aparicio, director del centro y de la Delegación Nacional de Prensa, se discurría sobre la justicia y los sucesos; un alumno -creo que fue una alumna- en el supuesto coloquio final se le ocurrió preguntar con qué frecuencia se producía en España el error judicial.

Aquel hombre, cuyo trato posterior le reveló como persona educada, sensible y culta, dio un puñetazo en la mesa y rugió: ¡¡En esta España no hay errores judiciales!!

A todos se nos encogió el ombligo, por la feroz rotundidad de la afirmación. Me acuerdo bien porque era uno de los cuatro oradores. Los otros, Ardila, redactor de sucesos del diario Pueblo; Pedro Gómez Aparicio, un mendrugo que llegó a dirigir la agencia Efe; el fiscal y un servidor. Miré de reojo a Juan Aparicio que no se atrevió a otra cosa que a dar por cerrado el acto, sin la menor explicación. Era una fórmula para esquivar situaciones comprometidas.

Dejando aparte los delitos contra la vida, lo que me fastidia de la dictadura es su estúpida cerrazón e incoherencia.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 7 de abril de 2008