La investidura económica

En la pasada reunión del Ecofin celebrada en Eslovenia, el vicepresidente económico del Gobierno, Pedro Solbes, fijó unas reglas del juego que suponen el reconocimiento de un cierto cambio: si la economía española crece en el entorno del 3% a lo largo de la legislatura, habrá margen para cumplir el programa electoral; pero si el crecimiento es menor, habrá que establecer prioridades en el gasto social. Recuérdese que a estas alturas del año, el Ministerio de Economía aún no ha corregido oficialmente las estimaciones de crecimiento del PIB para el año en curso, que cifra en el 3,1%.

Sin embargo, Solbes se ha quedado solo en la estimación de ese porcentaje. El consenso de los institutos de estudio de la economía y de los servicios de estudio se corresponde más con el avance que hace unos días hizo público el Banco de España: crecimiento de la economía española en un 2,4% en el año en curso, y del 2,1% en 2009. Con esos porcentajes, se irá irremediablemente a la segunda opción enunciada por Solbes: priorización de los gastos sociales a satisfacer. Lo que significa que no se cumplirá el programa con el que se ganaron las elecciones hace un mes.

Solbes es muy prudente a la hora de reducir ingresos fiscales, por lo que habrá pocos regalos impositivos

El programa del Gobierno no será instrumentado bajo la filosofía de un plan de choque o de ajuste duro

En este contexto llega la sesión de investidura de Rodríguez Zapatero como presidente de Gobierno, mañana y el miércoles. No hay que ser adivino para deducir que el discurso del líder de la oposición, Mariano Rajoy, se centrará en las dificultades reales de nuestro país (y que no volverá a temas transversales tan manidos como la lucha antiterrorista, el 11-M, o la estructura territorial del Estado, que le llevaron a la derrota electoral): la coyuntura económica, la situación de la justicia, y la inmigración. Y que el candidato a presidente de Gobierno se adelantará en su intervención, con distintas dosis de los mismos temas. En lo que se refiere a la economía, el fin de la legislatura pasada cerró con un balance bastante positivo: espectaculares porcentajes de crecimiento económico, reducción del paro, y superávit de las cuentas públicas durante cada uno de los cuatro años de la etapa.

En el debe se ha de incluir el aumento de la inflación (4,6% ), con lo que ello supone de falta de competitividad de la economía, y el déficit por cuenta corriente (alrededor del 10% del PIB), que no se constituyó en problema hasta que no llegaron las dificultades para financiarlo, como producto de la crisis de las hipotecas subprime.

La coyuntura económica es hoy peor que en plena campaña electoral, en España y en el resto del planeta. Una de las características de esta desaceleración es la rapidez en su avance.

La última quincena ha sido alarmante en la conjunción de datos económicos negativos: exceptuando el paro registrado, que disminuyó (y no es poca excepción), hubo un aumento de la inflación, una caída en el índice de confianza de los consumidores, una disminución espectacular en la compra de automóviles, y una cascada de concursos voluntarios de acreedores (antigua suspensión de pagos) en empresas inmobiliarias.

De las medidas que va a tomar el próximo Gobierno, se saben algunas cosas: que Solbes es muy prudente a la hora de reducir los ingresos fiscales, por lo que habrá pocos regalos impositivos a pesar de las demandas de las patronales más afectadas por la desaceleración; que habrá un descuento de 400 euros en el impuesto sobre la renta de trabajadores, pensionistas y autónomos, con el objetivo de aumentar el consumo, que se instrumentará en el primer Consejo de Ministros que se celebre; que se acelerará aún más el plan de infraestructuras para paliar con inversión pública la reducción de la actividad inmobiliaria privada; y que se incrementará la construcción de viviendas protegidas (a un ritmo de 150.000 por año), facilitando a las empresas que las realicen un aval del Instituto de Crédito Oficial, que puede llegar a los 5.000 millones de euros.

Este programa, que conllevará otras medidas complementarias, no será instrumentado bajo la filosofía de un plan de choque o de ajuste duro, sino como un método de relanzamiento de la economía, que no está detenida sino que crece menos que antes.