Camino a la bancarrota

Hace años, cuando se negociaba entre el Gobierno del PP y la oposición socialista lo que se llamó algo pomposamente Pacto de Estado por la Reforma de la Justicia, Perfecto Andrés Ibáñez llamó la atención sobre la "crónica debilidad del Consejo General del Poder Judicial en la respuesta a los incumplimientos profesionales". Relacionaba el magistrado esta debilidad con una crisis de identidad del Consejo, causa de un modo de actuar inseguro, escasamente autónomo, mediatizado por los partidos y a remolque de los media. Podría añadirse: y con la conciencia de constituir una última instancia, libre por tanto de la exigencia de rendir cuentas ante nadie.

Lo menos que puede decirse hoy es que todos los trazos con los que el magistrado pintaba el cuadro han empeorado. Un Consejo ya entonces afectado en su legitimidad por el sistema de elección de sus miembros ha agravado ese déficit cada día que pasa en situación de permanente interinidad. Hoy se ha hecho ya evidente que la montaña parió un ratón y que las negociaciones por aquel pacto no sólo no han reformado lo que pretendían, sino que han acabado por degradarlo. La prolongación indebida del mandato, la dejación de los últimos restos de autonomía, la obediencia a los partidos, ha acabado por llevar aquella crónica debilidad a una parálisis aguda.

Todo esto se ha puesto trágicamente de manifiesto en la serie de negligencias culpables, de interminables demoras y de inspecciones baldías que han culminado en la muerte de una niña de cinco años a manos de un delincuente habitual en los juzgados, condenado a penas de prisión y sancionado en otras ocasiones con medidas perfectamente inadecuadas al objetivo que se perseguía. Lo grave, con todo, es que ni condenas ni sanciones se han cumplido, sin que ninguna inspección haya sido capaz de detectarlo. Si esta criatura no hubiera encontrado la muerte, el delincuente seguiría tan campante detrás de otras niñas, inscribiéndose en centros docentes, acosándolas, recibiendo quizá órdenes risibles de alejamiento. ¿Cuántos hay así ahora mismo? ¿Cuántas sentencias se quedan sin cumplir? Nadie lo sabe.

Ésa es la cuestión: que nadie lo sabe. Más allá de las responsabilidades personales que cada cual va pasando al vecino, lo que importa para el funcionamiento de la justicia es el estado catatónico en que se encuentra el gobierno de los jueces. Motivo de una permanente disputa, la interpretación que se dio al artículo 122.3 de la Constitución, extendiendo a los 12 miembros elegidos entre jueces y magistrados el sistema establecido en ese artículo sólo para abogados y juristas, ha convertido al CGPJ en una terminal de los partidos al abrigo de cualquier responsabilidad.

Y éste es el gravísimo problema al que es preciso hacer frente de una buena vez. Hay que poner un límite a las perversas consecuencias del crecimiento elefantiásico que entre nosotros ha adquirido el llamado Estado de partidos. Nadie ha inventado la fórmula por la que los partidos políticos dejen de ser principales y hasta únicos actores del poder estatal. Es difícil que no sea así. Pero habría que encontrar el medio por el que, siendo únicos, no pudieran ser excluyentes; es decir, que aquellos ámbitos definidos como autónomos e independientes por los mismos partidos que legislan, lo fueran realmente gracias, entre otras cosas, al proceso de elección de sus titulares.

¿Es posible? Por lo que respecta al gobierno del poder judicial, lo más grave es que al corporativismo propio de la selección entre pares se añade el partidismo propio de la elección por partidos. Así hemos dado con la fórmula mágica para que los miembros de este organismo sean conocidos no tanto por su gestión como por su pertenencia militante al sector "progresista" o al "conservador": dime quién te ha nombrado y te diré cómo actúas. Eso, por un lado; pero como además inspeccionan a compañeros, el resultado es la lenidad o, por decirlo con la perífrasis eufemística: la debilidad en la respuesta a incumplimientos profesionales. Para que un juez sea expulsado de la carrera es preciso que se comporte como un gran villano.

Es proverbial la irrefrenable tendencia de los partidos a controlar todo lo que se les pone por delante: medios de comunicación, comisiones nacionales de tal o cual cosa, gerencias hospitalarias, lo que sea. Nos vamos acostumbrando. Pero el daño es irreparable cuando el reparto de esferas de poder entre partidos se multiplica por los efectos perversos del corporativismo. Y eso es lo que pasa con el gobierno de los jueces: buen camino hacia la bancarrota. -