El Poder Judicial halla cinco fallos "muy graves" previos a la muerte de Mari Luz

Santiago del Valle podría haber cometido el asesinato de la niña de cinco años Mari Luz Cortés al permanecer en libertad gracias a cinco errores judiciales que el Poder Judicial considera, en su conjunto, muy graves. La Inspección culpa de esos fallos y las enormes dilaciones en la causa por los abusos sexuales del pederasta sobre su propia hija a dos jueces en el informe que la comisión disciplinaria del gobierno de los jueces estudiará el lunes. El titular del Juzgado de lo Penal 1 de Sevilla, Rafael Tirado, encargado de ejecutar la condena de dos años y seis meses por esos hechos, demostró "pasividad y dejación de funciones" así como "ausencia de control" al no lograr encarcelarlo, por lo que podría enfrentarse a la suspensión o la expulsión. El magistrado de la Audiencia de Sevilla que no resolvió el caso durante dos años y siete meses, Javier González, se enfrentaría a ese mismo castigo si su infracción no hubiera prescrito.

El magistrado que tardó 31 meses en redactar la sentencia evitará la sanción

La Inspección descarga el grueso de la responsabilidad sobre Tirado que, en su opinión, tramitó correctamente el asunto hasta que inició la ejecución de la condena. Sus primeros pasos fueron "suficientemente ágiles" hasta que se produjo el primer error: una paralización de un año y medio, entre el 20 de marzo de 2006 y el 26 de septiembre de 2007, que el juez achacó "al volumen de ejecutorias excesivo" y a la baja de la funcionaria que tramitaba la de Del Valle.

El segundo fallo que refleja el informe es el intento reiterado de Tirado de citar al pedófilo para que ingresara voluntariamente a en prisión -algo que el inspector considera dilatorio, pero que era habitual en su juzgado- sin enviar a la policía la órden de busca y captura de Del Valle. Esa negligencia supone "un relevante error en la tramitación": la policía sólo recibió la petición de que se averiguara el domicilio de su esposa pero no la de que se detuviera y encarcelara al penado.

El siguiente error -el tercero- se produce el 9 de octubre de 2007, al solicitar la Secretaria Judicial un informe a la Fiscalía sobre si procedía o no detener al condenado. Esa petición no sólo contradijo las resoluciones anteriores en las que ya se había acordado la detención y prisión (aunque no se envió a la policía). Además, generó una nueva dilación de cinco meses: no consta que el juzgado enviara efectivamente ese requerimiento al fiscal pero, durante ese tiempo, esperó su respuesta. Hasta que el pasado 7 de marzo -el mismo día que apareció el cadáver de Mari Luz- se reiteró esa petición.

Sólo tras comunicarse al juzgado la detención de Del Valle en Cuenca y su traslado a Huelva por su posible implicación en la muerte de la niña el pasado 26 de marzo, se ordena la busca y captura de Del Valle y de su esposa así como el ingreso en prisión del primero y en un psiquiátrico penitenciario la segunda. "Como consecuencia de trámites dilatorios, errores y omisiones en la tramitación de la ejecutoria, la demora ha sido de dos años, dos meses y nueve días", señala el texto.

De esa cadena de errores es responsable el juez, según la Inspección. Dada su "pasividad, la dejación de funciones y la ausencia de control de la actividad de los funcionarios del juzgado, puede concluirse que pudo incurrir en conducta susceptible de reproche disciplinario", resume el informe, que considera que Tirado puede ser responsable de un falta muy grave de desatención. La Ley del Poder Judicial sanciona esa conducta con el traslado forzoso, la suspensión temporal de empleo o la expulsión.

Esa misma falta la cometió el magistrado de la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla Javier González, que tardó casi tres años en resolver el recurso de apelación antes de que Tirado dilatara aún más la causa. El 13 de diciembre de 2005, cuando la Audiencia ya había deliberado y fallado el recurso sobre los abusos contra su hija -lo hizo el 19 de mayo de 2003- el Juzgado de lo Penal 4 de Sevilla condenó de nuevo a Del Valle por abusar de otra niña, pero suspendió su condena ante la ausencia de antecedentes penales. González no redactó la sentencia hasta el 30 de diciembre de 2005, lo que también permitió al pederasta eludir la cárcel.

La Inspección certifica que la actuación de la Audiencia "evidencia un incumplimiento de especial trascendencia porque significa una pasividad alarmante en un momento procesal de extraordinaria importancia": al dictar la sentencia. A ello añade que no consta "motivo o razón alguna que haya podido dificultar a los magistrados resolver el recurso de apelación [de Del Valle] máxime si tenemos en cuenta que en el resto de casos se estaban dictando las sentencias con poco más de un mes de demora". Después, recuerda que en los dos años y siete meses desde la deliberación hasta que se notificó la sentencia, González "tuvo en su poder las actuaciones sin resolver el asunto", lo que, como en el caso de Tirado, supondría "una falta muy grave de desatención".

Sin embargo, a diferencia de su compañero, no será sancionado ya que, según el informe, "su conducta antijurídica deja de existir en el momento en que se dicta la sentencia, es decir, el 30 de diciembre de 2005". Las infracciones muy graves, según la Ley Orgánica del Poder Judicial, caducan a los dos años, por lo que el error judicial por el que Del Valle evitó la cárcel dos años antes de que Mari Luz desapareciera quedará sin castigo.