Comisión en ruinas

Está en el aire la idea de que la Comisión Nacional de la Energía (CNE) debe cerrarse con urgencia, por el método expeditivo de cambiarla de nombre, despedir con los honores y liquidaciones pertinentes a los consejeros inutilizables o inútiles y fabricar otra comisión reguladora con menos consejeros -dicen que cinco, ahora hay nueve- que sea más eficaz o menos funambulesco que el actual. Ésta fue la práctica liquidatoria que ejecutó el PP en 1996, poco amigo de órganos reguladores y hostil a cualquier otro poder que no sea el administrativo que el partido pueda controlar. En aquel tiempo, los tenidos por liberales Rodrigo Rato y Josep Piqué descoyuntaron la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico que presidía Miguel Ángel Fernández Ordóñez, una institución que se manejó con independencia política y capacidad técnica. En su lugar fabricaron la Comisión Nacional de la Energía y la repoblaron con una patulea de subordinados políticos de segundo o tercer orden entusiasmados por seguir al dictado las órdenes de los ministros. Rato y Piqué, que quede claro, mataron de raíz el proyecto de una comisión independiente y lo hicieron conscientemente, como un paso necesario en la destrucción de cualquier poder institucional autónomo y con el objetivo de lograr la sumisión total de todos los resortes políticos y empresariales del país.

El Gobierno tiene que decidir si prefiere una Comisión de la Energía independiente o si es más rentable prescindir de un regulador

Doce años después, hay que reconocer que la CNE reconstruida en 2004 por el Gobierno de Rodríguez Zapatero es un fracaso. No es necesario recordar sus pecados y errores, porque están en la memoria común y permanece vivo el sonrojo que provocaron en la opinión pública. Baste decir que este fiasco es imputable a José Montilla, hoy presidente de la Generalitat, y en menor cuantía a su discípulo en incompetencias, Joan Clos.

El nuevo Gobierno tiene que decidir si prefiere una Comisión de la Energía eficaz e independiente, se llame como se llame, o si, por el contrario, resulta más rentable arrojar la idea del regulador energético al desván de los trastos viejos, que tampoco sería un disparate. Pero en el supuesto de que se prefiera una comisión responsable que evite ridículos insoportables a las instituciones políticas, como los sufridos a cuenta de Endesa, debería respetar tres o cuatro criterios básicos, fáciles de recordar aunque, eso sí, de fatigosa ejecución.

Primero y principal: que la composición del consejo no reproduzca la mixtura política del Congreso. No son los políticos quienes deben seleccionar a los cinco consejeros; debería recurrirse a un sistema abierto de recepción de currículos que debería cribar una comisión exclusivamente técnica. Los candidatos a consejero deberían ser capaces de defender sus méritos, su trayectoria y su iniciativa ante la comisión evaluadora. El nombramiento definitivo de los cinco consejeros correspondería al Gobierno.

Segundo e imprescindible: las decisiones de la comisión deberían ser irrevocables en la vía administrativa. Basta ya de que los dictámenes del regulador -cierto que muy lamentables en algunos casos; alguno hubo que tirarlo a la papelera- puedan recurrirse ante el Ministerio de Industria. Así acaba decidiendo el ministerio y para semejante viaje no se necesitan comisiones.

Tercero y recomendable: la duración del mandato debería ser ampliada, quizá hasta los siete años, pero debería ser improrrogable. Un mandato único obstaculiza que los consejeros estén dispuestos a congraciarse con los poderes políticos o empresariales mediante favores regulatorios. Contra lo que suele suponerse, la captura del regulador se produce más veces desde el lado de las empresas que desde la orilla de los Gobiernos.

Cuarto y poco probable: convendría que el ministro conociera el mercado energético; y que el presidente de la nueva comisión supiera tanto o más que los consejeros.

La comparecencia de los reguladores ante el Parlamento entusiasma a los teóricos de la regulación. Pero la ruinosa realidad se complace en desmentir los procedimientos mejor intencionados. ¿Alguien cree que diputados que responden al patrón vociferante de la oposición durante los últimos cuatro años están en condiciones de examinar de forma ponderada a un candidato, aunque sea a ujier? Recuérdese a Martínez Pujalte y Arias Cañete antes de responder.