Múgica lleva al Constitucional al Consell por la ley de Dependencia

El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, ha presentado un recurso de inconstitucionalidad por la aplicación de la ley de la Dependencia en la Comunidad Valenciana. En concreto, el defensor cuestiona la legalidad de la disposición adicional 11 de la ley 15/2007 de Presupuestos de la Generalitat para 2008, una modificación normativa que permite a la Generalitat denegar las solicitudes de valoración de dependencia de los usuarios mediante el silencio administrativo. "Cuando se deniega por la Administración un derecho subjetivo se tiene que contestar por escrito mediante una resolución motivada", aseguró ayer una fuente de la institución que dirige Múgica. Desde la Consejería de Bienestar Social se aclaró ayer que el recurso solo se refiere a una cuestión "meramente formal" y que en ningún momento se cuestiona que el trato a los discapacitados sea deficiente.

"Se trata de ciudadanos especialmente vulnerables"

El Defensor del Pueblo argumentó ayer mediante un comunicado que la disposición cuestionada "no cumple con las condiciones establecidas por el Tribunal Constitucional". Así, la tesis del Constitucional refrendada en varias sentencias es que las leyes de presupuestos solo pueden contemplar "previsiones de ingresos y habilitaciones para gastos", pero no pueden incluir cosas que no tengan que ver con estas materias. "Se ha utilizado una técnica legislativa totalmente viciosa", explicaron desde el Defensor.

Sin embargo, el Consell que dirige Francisco Camps "coló de rondón" en diciembre en la ley la modificación del decreto del Consell aprobado en septiembre donde se establecía el procedimiento para reconocer el derecho a las prestaciones. En concreto, estipuló que "el vencimiento del plazo máximo sin haberse dictado resolución expresa determinará la desestimación de la solicitud formulada por silencio administrativo".

El problema es que la Generalitat solo dispone de 35 profesionales contratados mediante una nueva empresa pública, Avapsa (Agencia Valenciana de Prestaciones Sociales), para hacer las valoraciones, ya que ha prescindido de la experimentada red de profesionales de la Administración autonómica y de los municipios que desde hace años hacen este tipo de dictámenes. "Se necesitan cuatro veces más como mínimo, y además con unidades provinciales", denunciaron en su día desde el Grupo Socialista.

Desde el Defensor del Pueblo destacan que el problema afecta a discapacitados. "Se trata de ciudadanos especialmente vulnerables", argumentan las mismas fuentes, "no se puede pedir a los discapacitados que vayan buceando en todas las resoluciones legales para encontrar alguna que les implique; esto afecta a un principio de seguridad jurídica, al derecho a que las leyes no te sorprendan".

Además, el gabinete de Múgica ha anunciado que hace tres meses abrió una inspección de oficio para ver cómo se aplica la ley de Dependencia en cada autonomía. De momento, la Generalitat sigue sin anunciar que alguna persona haya percibido las prestaciones de la ley. Eso sí, ayer explicó que se han recibido 60.000 solicitudes y se han resuelto 15.000 valoraciones.

Por otra parte, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha admitido a trámite la denuncia presentada a mediados de marzo por 15 particulares que solicitaron las ayudas hace meses y que no han recibido respuesta.