El plan contra el desempleo se ampliará a todos los parados

El declive del ladrillo infundió al Gobierno la idea de elaborar un plan específico para combatir el paro en la construcción. Pero la negociación con los agentes sociales ha ampliado el horizonte de estas medidas que tratan de ahuyentar el fantasma del desempleo. El primer Consejo de Ministros del nuevo Gobierno -previsiblemente, el 11 de abril- pretende aprobar un plan extraordinario que se aplicará durante este año para facilitar la reinserción de trabajadores que hayan perdido su empleo en labores con más futuro.

La idea inicial consistía en atender a los 132.378 desempleados nuevos con que arrancó el año, el peor repunte mensual de la democracia, según los datos de paro registrado. Pese a la alarma que generó esa cifra, los sindicatos se opusieron a que las medidas extraordinarias se dirigieran sólo a la construcción -aproximadamente la mitad de los nuevos parados procede del sector servicios- y a que quedasen excluidos los de más antigüedad. Tras recibir las primeras aportaciones de UGT, de Comisiones Obreras y de la CEOE -que la patronal efectuó más tarde-, Trabajo se ha comprometido a estudiarlas y a incluir ciertas mejoras, aunque en esencia las partes ven con buenos ojos el plan. Éstas son las principales novedades:

- Itinerarios personalizados. Ningún parado es igual a otro. Recolocarlos requiere trazar un plan personalizado para cada uno. Ese compromiso, ya adquirido en acuerdos anteriores, nunca se ha puesto en marcha. Esta vez, el Gobierno se compromete a reforzar las oficinas de empleo con 1.500 nuevos orientadores que rastreen "las opciones de reciclaje y búsqueda de empleo de las personas que han perdido su ocupación", según figura en el documento del Ministerio de Trabajo. El objetivo es que cada oficina -hay 701 en todo el país- tenga uno o dos profesionales cualificados para realizar esa labor.

Lo que los sindicatos pretenden es que esta iniciativa tenga vocación de permanencia: que los itinerarios sean la forma habitual de ayudar a los demandantes de empleo y que los orientadores permanezcan en los servicios públicos de empleo una vez concluido el plan. También exigen otras medidas de cambio de modelo productivo para que el crecimiento económico sea sostenible.

- 350 euros al mes. Cuando los orientadores consideren que un desempleado necesita un periodo de formación para reciclarse en otro empleo, los candidatos podrán acceder a ayudas mensuales de 350 euros durante un máximo de tres meses. Esa subvención sólo la percibirá quien no tenga prestación de desempleo, subsidio o ingresos superiores al indicador público de rentas (equivalente a 516,90 euros al mes). Los destinatarios preferentes serán "los trabajadores con graves problemas de empleabilidad, especialmente por razones de edad".

- Ayudas adicionales. Durante ese periodo de formación, los beneficiarios podrán complementar los 350 euros mensuales con becas o ayudas para transporte. Quienes deban cambiar de residencia fruto de estas medidas accederán a partidas por desplazamiento, mudanza, alojamiento o guardería. Estas ayudas aún no están cuantificadas.

- Captar a las empresas. Los orientadores de empleo deben recoger las ofertas vacantes que existan en el mercado, "de tal manera que sean los servicios de empleo los que se dirijan a las empresas". Se propone convocarlas para ofrecerles convenios de colaboración con el compromiso de que contraten a trabajadores provenientes de sectores con dificultades.

- Financiación. Es uno de los asuntos más espinosos, no tanto por el coste del plan (alrededor de 201 millones de euros) como por el origen de esos fondos. Los sindicatos creen que lo más justo sería financiarlo con cargo a los Presupuestos de este año, pero asumen que finalmente se hará con los excedentes de los servicios de empleo -es decir, con las cotizaciones de los trabaja-dores-, que en teoría sólo deberían servir para pagar las prestaciones por desempleo generadas.

El documento incluía un último apartado que disgustó a sindicatos y empresarios, por lo que el Gobierno parece dispuesto a retirarlo. Se trata de un cuadro de correspondencias entre actividades que pierden empleo y otras en las que deberían ser recolocados los ex trabajadores de esas actividades en declive. Trabajo lo planteó como una guía para los orientadores profesionales, pero los sindicatos insisten en que el cambio de ocupación debe ser voluntario. Previsiblemente, el Ejecutivo renunciará a mantenerlo.