Alperi y García Antón intentan desbloquear el Plan Rabassa

El polémico Plan Rabassa está encontrando más problemas de los que esperaba el Ayuntamiento de Alicante cuando lo aprobó en el pleno municipal hace casi dos años. La comisión informativa de Urbanismo de Alicante, en la que están representada la Generalitat y el Gobierno, acordó el lunes aplazar la aprobación definitiva hasta que solventen los principales escollos. Las dos grandes pegas son garantizar el suministro hídrico para este proyecto y asegurar la protección de las lagunas que hay en esta zona. Pese a estas trabas, ni el Consell ni el Ayuntamiento de Alicante están dispuestos a que la aprobación del plan se demore más y pretenden que sea la próxima semana cuando se desbloquee la iniciativa.

Fuentes de la Consejería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda aseguraron ayer que la próxima Comisión Territorial, que se celebrará a mediados de la semana próxima, analizará "al detalle" todos los documentos del Plan Rabassa para decidir si autoriza el proyecto finalmente. "Si hay deficiencias no pasará, y si cumple con la ley se aprobará, es lo que hemos dicho siempre", afirmó un portavoz del Consell. En la misma línea, Enrique Sanus, responsable de la Gerencia de Urbanismo en el Ayuntamiento de Alicante, aseguró que todas "las pegas" puestas al proyecto están "ya resueltas". Urbanismo prevé presentar toda la información requerida la próxima semana, antes de la reunión de la Comisión.

Planta desaladora

Pese a estas declaraciones, otras fuentes aseguran que el Plan Rabassa no se podrá presentar en la próxima reunión de la Comisión Territorial porque los condicionantes puestos al proyecto deben subsanarse antes y son de envergadura.

El suministro hídrico es el principal escollo. Un informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) recalca que el suministro de agua para esas 15.000 nuevas viviendas no esta garantizado con los recursos actuales. El Gobierno recordó el lunes que la ampliación de la planta desaladora de Alicante aún no ha entrado en funcionamiento ni se han adjudicado los caudales que corresponden a los tres municipios a los que abastecerá (Alicante, Sant Joan y Sant Vicent). Otro de los argumentos del Gobierno es que un plan de esta envergadura debe tramitarse dentro del PGOU.

La decisión de poner pegas al Plan Rabassa fue aplaudida desde la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas. En un comunicado lamentan "profundamente que el informe se limite a aludir a la disponibilidad hídrica y a la protección medioambiental" y no cuestione todo el proyecto.