La Junta ha impugnado 54 acuerdos urbanísticos en Almuñécar desde 2000

La Junta de Andalucía ha impugnado desde 2000 al menos 54 acuerdos urbanísticos del Ayuntamiento de Almuñécar (Granada). El desaforado urbanismo impuesto por el pequeño consistorio costero (28.000 habitantes) se ha encontrado con la oposición del Gobierno regional, pero ocho años después aún no existe una sentencia firme que avale su discrepancia.

El atasco de la sala Contencioso Administrativo del Tribunal Superior (TSJA) ha demorado las sentencias durante años y produce un efecto de hechos consumados, similar al producido en Marbella y frenado en la localidad malagueña tras la retirada de competencias urbanísticas por parte de la Junta. De los 54 casos, 14 impugnaciones cuentan con sentencia a favor de las tesis de la Junta y en 12 ocasiones el tribunal las ha rechazado. Pero todas las causas han sido apeladas por las partes enfrentadas y no existen sentencias firmes.

La mayoría de las impugnaciones afectan a licencias municipales concedidas por el ayuntamiento en el último lustro y afectan a un total de 643 viviendas, seis hoteles y un pabellón deportivo. Entre ellas, destaca una promoción de 144 viviendas en El Peñón del Lobo. Algunas viviendas sólo están en fase de proyecto, la construcción de otras fue frenada por los tribunales como medida cautelar, y muchas otras están habitadas, como el Hotel Bahía de diez plantas, cuyo cierre y desalojo fue paralizado pese a existir un auto judicial, "porque alojaba huéspedes", según alegó el ayuntamiento.

Pero las 54 impugnaciones de la Junta sólo suponen una llamativa consecuencia judicial del urbanismo desmedido impuesto por el alcalde, Juan Carlos Benavides (Convergencia Andaluza). El consistorio tiene abierto muchos otros frentes. Mientras que el Partido Popular ha denunciado ante los juzgados 21 convenios urbanísticos municipales, el PSOE ha interpuesto dos contencioso administrativos por negar información urbanística a los concejales, y una querella por injurias al calumniar gravemente a la portavoz socialista. El polémico alcalde acumula ya hasta cuatro imputaciones que serán juzgadas previsiblemente antes de fin de año. Benavides está acusado por delitos como estafa, tráfico de influencias, prevaricación urbanística, contra la ordenación del territorio, exacciones ilegales y coacciones, entre otros. Entre los casos más sonados figura la construcción del pabellón deportivo de La Herradura en suelo "no urbanizable de protección de cultivos", y las supuestas coacciones a los gestores de la televisión municipal.

Pero además, Benavides ha sido investigado el año pasado por la unidad especializada en delitos económicos de la Comisaría Central de la Policía Nacional, por los presuntos delitos de malversación de fondos públicos, blanqueo de capitales y negociaciones prohibidas a funcionarios.

El alcalde rehusó atender los requerimientos de este diario para explicar el espinoso urbanismo desarrollado en Almuñécar. La semana pasada Benavides anunció la remisión del nuevo Plan General a la Junta para sustituir al anterior, de 1987. El nuevo plan contempla remozar Almuñécar con la construcción de 23.597 viviendas libres, 11.336 viviendas protegidas y 6.005 habitaciones hoteleras. "Es falsa la pretensión de masificar el territorio", denunció el alcalde.

Asimismo, Ecologistas en Acción ha presentado al menos 23 denuncias contra controvertidas actuaciones del consistorio. Entre ellas figura la dirigida contra José Luis Rodríguez-Passolas, arquitecto municipal, por supuesto "enriquecimiento ilícito" mediante una sociedad por la que incumplió las normas sobre incompatibilidades. El Colegio de Arquitectos de Granada propuso sancionarle con cuatro años de inhabilitación, pero el arquitecto recurrió la sanción y ésta está de momento suspendida. La sociedad Poflogest, de la que Rodríguez-Passolas fue administrador, llegó a gestionar 99 proyectos urbanísticos, que contarían con su propio visto bueno, en sólo cinco años, según reza la denuncia.

En total, el consistorio afronta 101 pleitos vinculados al urbanismo por vía penal y administrativa, cifra que no incluye las denuncias particulares de vecinos.