Los comerciantes del centro Gran Vía llevan al juzgado a la promotora

Un 70% de los tenderos del centro comercial Gran Vía de Vigo, con 151 locales, el más grande de Galicia, ha dejado de pagar el alquiler, muchos desde hace meses, por falta de caja. El asunto ha abierto otro frente judicial a la polémica promoción de Finca do Conde. Los arrendatarios intentan que se declaren nulos los contratos que firmaron y el resarcimiento de las inversiones que realizaron en los locales. Ayer se celebró el primer juicio con ese fin. El lunes habrá otro de réplica, planteado por la promotora, pero de desahucio, que tiene más rápida tramitación y es la amenaza que intenta atajar la estampida de comerciantes.

Los comerciantes piden la nulidad del contrato de arrendamiento

La promotora no les informó del proceso judicial de Finca do Conde

En el centro comercial, promovido por ING Real Estate Development en la Finca do Conde, se han invertido más de 100 millones de euros, 58 de la promotora y el resto, en su casi totalidad, de los arrendatarios, que tuvieron que adecentar los espacios lóbregos que alquilaron. El complejo, con 110.208 metros cuadrados construidos en total, fue inaugurado el 30 de mayo de 2006. En diciembre de ese año fue declarado ilegal por el Tribunal Supremo y, con esta zozobra, el barco -la decoración del complejo está inspirada en motivos marinos, la estructura principal recrea la quilla de una embarcación- deriva hacia las rocas.

La licencia de obras ya fue traumática para la política local y una de las claves, por negarse a otorgarlas, de la defenestración del alcalde socialista Ventura Pérez Mariño. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia había sentenciado la ilegalidad del proyecto en 2003. La alcaldesa Corina Porro lo inauguró festejándolo como creación "de una nueva centralidad urbana" en Vigo y agradeciendo que el 30% de los comercios fueran netamente vigueses. Un tercio de la superficie está dedicada a moda y un 19%, a restauración. Hay grandes marcas y muchas franquicias instaladas.

La promotora no previno a nadie del proceso judicial en que estaba envuelta, según reconoció ayer en el juicio el gerente del centro, Fernando Pinto Castiñeira. Las tarifas de alquiler se fijaron en función de diversos módulos, a un promedio mensual de 60 euros/metro cuadrado. Hay 151 locales y algunos no pagan por derecho propio, como Inditex, que paga con su capacidad de convocatoria. Pero el 70% de los tenderos ha dejado de pagarlo porque no hacen caja, según reconocieron en una asamblea reciente que ayer se comentaba en la antesala del juicio. La promotora ha sido invitada en varias ocasiones a participar en esas reuniones de alarma, para aclarar la situación y buscar salidas, pero no acudió a ninguna. Incluso prohibió su celebración en instalaciones del centro comercial.

"No sé que pase nada", despachó ayer a este periódico Pinto Castiñeiras, en la misma antesala del juicio. "Vengo como testigo y no sé nada, así que no le puedo comentar nada". En la sala se veía la primera demanda de contrato [de arrendamiento] nulo. Pinto adujo que todos los tenderos firmaron libremente. No acepta la devolución de llaves de ningún local y a los que insisten, pese a que no pagan alquiler, los amenaza con el desahucio, que es un proceso judicial más rápido y deja a los arrendatarios más indefensos para hacer valer sus intereses, singularmente la inversión que realizaron en adecentar los locales (un promedio de 100.000 euros). El lunes se verá la primera causa de desahucio.

Una dirección de correo electrónico trata de conocer la situación concreta de cada caso y evitar la dispersión de los procedimientos. A los pocos que tenían las licencias en regla les están siendo anuladas por el Ayuntamiento como efecto subsiguiente de la ilegalidad del edificio. Las aseguradoras, por igual motivo, no se hacen cargo de las pólizas firmadas con los arrendatarios, en su inmensa mayoría pequeñas y medianas empresas. En una sola planta ya han cerrado ocho locales.