El servicio público de comunicación

El Colegio de Periodistas de Cataluña y el Sindicato de Periodistas de Cataluña se pronunciaron en enero sobre la reciente elección del presidente de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales. Los periodistas colegiados y sindicados de Cataluña coincidieron en denunciar la consolidación de políticas de comunicación que, a su juicio, comportan el control de las radios y televisiones públicas por parte de los partidos políticos. El ente colegial llegó incluso a llamar a la sociedad civil a participar en "una plataforma cívica en defensa de los medios públicos".

Por aquellas fechas, la Assemblea per la Comunicació Social (ACS) había presentado un recurso de reposición ante el pleno del Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC) contra el último concurso para la adjudicación de concesiones del servicio público de radiodifusión en FM (publicado el 21 de diciembre de 2007). La entidad ciudadana sostuvo que el pliego de condiciones para acceder a una licencia de radio favorecía a los operadores privados de carácter comercial. ACS pedía reformular los términos del concurso para garantizar (según establecen los artículos 70 y 71 de la Ley del Audiovisual) que los proyectos de comunicación sin ánimo de lucro pudieran ejercer su derecho a hacer uso de las ondas hertzianas. En febrero, el pleno del CAC desestimaba la petición argumentando, entre otras cosas, que el concurso no excluye a los medios de comunicación de iniciativa ciudadana puesto que la actividad no lucrativa de los mismos "no es incompatible con el carácter comercial de la gestión del servicio de radiodifusión sonora" .

El mayor peligro de la falta de planificación de los medios es la debilidad de lo 'público' frente a lo 'privado'

Estos dos casos ofrecen una buena base para reflexionar sobre el concepto de "servicio público" que cabe atribuir a los medios de comunicación audiovisuales en la actualidad (ya sean gestionados directamente por la Administración, o indirectamente por particulares). Tanto las normas reguladoras vigentes en materia audiovisual como los códigos éticos de la comunicación (en su aplicación profesional y en su demanda social) establecen que cualquier uso de los espacios televisivos y radiofónicos constituye un servicio a la sociedad. Al menos, ésta es la teoría. A la práctica, no obstante, asistimos a una inversión de términos. Allí donde deberíamos encontrar flujos de comunicación dignos de la Era de la Información, encontramos formas de control y de hegemonía más bien propias, como ya dijera Jürgen Habermas, de un nuevo sistema feudal.

La palabra servicio procede del latín servus ('esclavo'). Lo que los periodistas profesionales y los ciudadanos coinciden en destacar con sus respectivas demandas es la falta de debate público sobre quién se pone al servicio de quién, y qué es lo que se está poniendo en juego. El planteamiento de estas cuestiones debería alejarse de la identificación de lo público con lo gubernamental, como polo opuesto a lo privado / comercial. Hoy día se precisa una mirada más compleja y menos dicotómica del paisaje mediático. No cabe confundir la reivindicación del servicio público de comunicación con el estatalismo monopolista. De igual modo, sería una irresponsabilidad por parte del Gobierno que los derechos y libertades en materia de expresión y acceso a la esfera pública fueran reducidos a pura lógica neoliberal. El mayor peligro de la falta de planificación de los medios de comunicación es precisamente el debilitamiento de lo público (como derecho de la comunidad) frente al auge de lo privatizable. Es imprescindible, pues, reconocer que lo que aquí está en juego no es solamente el tipo de periodismo que ha luchado durante años por comunicar en libertad, sino la noción misma de ciudadanía.

Anna Clua es profesora de la UOC.