El alcalde de Poio discrepa con el traslado de los gitanos

Las tres familias realojadas en el barrio pontevedrés de Monte Porreiro descartaron seis ofertas que la Xunta puso sobre la mesa antes de proceder a su traslado provisional, previo consentimiento de los afectados, practicado esta misma semana ante el riesgo de altercados. El alcalde de Poio, Luciano Sobral, del BNG, mientras, criticó la decisión de Vicepresidencia. "No es la mejor opción", declaró.

La negativa de los gitanos a aceptar esas viviendas se debe a la falta de proximidad con el asentamiento, del que les separaría una distancia de "50, 60 o 70 kilómetros", según señaló el responsable territorial de Secretariado Gitano, Santiago González. La ocupación laboral de los afectados y la fórmula para salir de la marginalidad de O Vao implica "tiempo", sostiene. "Allí les unen lazos familiares muy directos, tienen toda su vida centrada alrededor del poblado". Por ello piden "un margen de maniobra" para avanzar, porque así "no pueden trabajar". Mientras, los afectados creen que les van a perseguir donde vayan.

Por el momento y en un periodo que se prevé no superior a 15 días, las dos familias de la calle Alemania permanecerán en una pensión en el entorno de Poio, mientras los residentes de la calle Portugal han regresado al poblado "por cuestiones de salud". Los que no tienen visos de moverse son los dos matrimonios de Ponte Caldelas, a pesar del revuelo social que su presencia ha propiciado.

Movilizaciones

Luciano Sobral, mientras, entiende que el apresurado traslado temporal responde al ultimátum que los colectivos vecinales lanzaron a la Xunta a condición de paralizar las movilizaciones. Circunstancia que, según fuentes próximas al proceso, estaría marcando los tiempos al departamento que dirige Anxo Quintana. Sobral considera que este proceder por parte de la consellería "no es la mejor opción".

Para el nuevo traslado se barajaron municipios como A Cañiza, Vigo o próximos a Padrón, tal y como detalló el portavoz de Pueblo Gitano, Sinaí Giménez. Esto supondría cerrar el perímetro de búsqueda a ayuntamientos situados por debajo, al menos, de 50 kilómetros de distancia de O Vao, un radio del que quedaría excluida Pontevedra, tal y como aseguró el alcalde Miguel Anxo Fernández Lores, y en el que cabrían comarcas como O Salnés, Pontevedra, O Morrazo, Caldas o Tabeirós-Terra de Montes.