Las eléctricas pactaron con la Xunta para no llevar el plan eólico al juez

Las principales compañías eléctricas que comandan la Asociación Eólica de Galicia (EGA) pactaron con la Consellería de Industria la retirada de cualquier iniciativa legal para demandar a la Xunta ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Las negociaciones se iniciaron en noviembre de 2007 y se han intensificado tras la publicación del decreto que regula las condiciones para obtener los 2.325 nuevos megavatios de parques eólicos que adjudicará la Consellería de Industria.

Endesa fue la más beligerante con el BNG y es ahora la mejor colocada

El acuerdo se logró gracias al talante del director xeral de Industria, Enerxía e Minas, Anxo Ramón Calvo, la persona que ha llevado el peso de la política eólica del BNG en los últimos dos años y medio. Con una actitud pragmática, Calvo logró firmar la paz con Endesa, Gamesa, Acciona y ACS, los principales actores de la industria eólica que opera en Galicia. La parte empresarial estuvo representada por Manuel Gago (Endesa), actual presidente de la patronal eólica gallega, que fue uno de los que votó contra la presentación de recursos judiciales contra la Xunta.

Gago no ha querido informar del acuerdo, pero fuentes de la negociación informaron de que la Consellería de Industria se ha comprometido a tener en cuenta las peticiones que hagan las eléctricas, especialmente en materia de repotenciación de sus actuales parques eólicos.

Endesa había sido, hasta el pacto, la empresa más beligerante con la Consellería de Industria y había llegado a romper el status quo solicitando parques eólicos en Lugo y A Coruña al Ministerio de Industria, para evitar pasar por la criba de la Consellería del BNG.

El BNG allanó definitivamente el camino cuando, hace un mes, optó por cesar a Xosé Ramón Doldán como director del Instituto Enerxético de Galicia (Inega). La semana pasada designó en su lugar a Juan José Álvarez Carril. Las eléctricas mantenían mala relación con Doldán, quien por su carácter reservado, no entraba nunca en el juego político de la negociación para el reparto del viento.

Juan Álvarez, por el contrario, es un viejo conocido para las compañías, ya que está en el Inega desde su creación por la Xunta del PP. El Inega será la sociedad pública encargada de valorar las ofertas de cada compañía, así como de asumir las acciones que cada empresa ceda o venda a la Xunta. En la actualidad la Xunta tiene adjudicados 4.175 megavatios de autorizaciones otorgadas por los gobiernos del PP.

Para los 2.325 megavatios (unos 2.000 nuevos molinos) que saldrán a concurso a partir de los próximos días, las grandes eléctricas de la EGA (más Iberdrola) prevén solicitar del orden de 10.000 megavatios. Esta cifra, sumada a los 9.000 megavatios de nuevos grupos eólicos recién constituidos situará la demanda en el cuádruple de la oferta autonómica. ECYR, la filial eólica de Endesa, es una de las compañías con mayores posibilidades en el concurso, ya que se trata del único grupo que dispone de un contrato para instalar una factoría de producción de aerogeneradores (la alemana Enercon) en Galicia. Enercon estaría dispuesta a trasladar a Galicia una parte de su producción en Portugal, si tienen pedidos que los viabilicen.

La solución del pleito con la EGA y los compromisos adquiridos con las nuevas empresas gallegas que se presentarán al concurso hará muy difícil el equilibrio para adjudicar las nuevas concesiones para parques eólicos. Fuentes del sector explicaron que "las condiciones del concurso han quedado tan abiertas que lo previsible es que el resultado sea más un reparto político que un asunto económico".

El grupo al que pertenece Endesa (Acciona-Enel), por ejemplo, ya es titular de más de 1.300 megavatios eólicos en Galicia, a los que suma su central térmica (As Pontes), sus hidráulicas y su nueva térmica de gas natural (As Pontes), con lo que duplica la capacidad energética de cualquier otro competidor.

A la fuerte puja de las eléctricas se sumarán los grupos participados por las cajas de ahorro gallegas. Caixa Galicia, como accionista de Norvento, tiene previsto solicitar más de 1.000 megavatios en el concurso; y Caixanova, asociada con Elecnor (a través del Banco Gallego) está preparando una oferta similar.

El conselleiro de Industria anunció que convocaría el concurso esta semana. Si es así, cada empresa concursante tendrá un plazo de tres meses para presentar su proyecto; y la Xunta tendrá un máximo de 6 meses para decidir las concesiones.