Gobierno y Consell incumplen la ley contra la Violencia de Género

Tanto el Gobierno central como el Consell incumplen la ley de Protección Integral contra la Violencia de Género. Por un lado, la Generalitat no se ha dotado con importantes infraestructuras y profesionales exigidos por la norma de 2004, como un centro de recuperación de las víctimas o las unidades de valoración integral de los juzgados.

El acusado se enfrenta a maltrato, asesinato, lesiones y resistencia

Por su parte, el consejero de Justicia, Fernando de Rosa, denunció ayer que Instituciones Penitenciarias, dependiente del Gobierno, no organiza cursos para los maltratadores. Sin embargo, obvió los programas en colaboración con la Universitat de València en los que ya han participado más de 130 penados. Marisol Lila, directora de ese programa, explicó ayer que el plan formativo dura nueve meses, una hora y media a la semana. Y aseguró sentirse "defraudada y sorprendida" al comprobar que De Rosa "dice sin más que no hay cursos para maltratadores pero que sí tiene dinero para ello". "Nos hemos reunido dos veces con él durante el pasado año, formamos una mesa de trabajo que no ha convocado, y no nos ha sufragado nada", añadió.

La Plataforma Feminista del País Valencià, que aglutina a 34 organizaciones, denunció ayer que no se ha creado un Centro de Emergencias, donde se trataría en primera instancia a mujeres en peligro; que no se ha construido un Centro de Recuperación Integral de Mujeres; o que los juzgados de violencia siguen sin tener adscritas sus Unidades de Valoración Integral.

Desde Justicia se recordó que el jueves el consejero prometió crear las unidades, una por provincia, a lo largo de este año. Justicia explicó que los juzgados ya cuentan con forenses, por lo que "solo habría que incorporar los psicólogos que dice la ley". Sin embargo, los jueces de violencia y la fiscalía reclaman desde hace tiempo la contratación de forenses para estas unidades que se encarguen de evaluar tanto a las mujeres maltratadas como a los hombres maltratadores. Justicia aseguró que en Castellón hay un centro con 32 plazas que funciona tanto en emergencias como para recuperación integral. También existe el compromiso de construir otro.

Silencio y lágrimas acompañaron ayer al féretro de Virma Gimeno Serra. Tenía 44 años. Su ex pareja la mató de un disparo en plena calle el pasado martes en Cullera. Su padre, Enrique, y su madre, Pilar, encabezaban el séquito que custodió los restos mortales en la misa celebrada en la iglesia de San Antonio y en el oficio del cementerio.

La capilla se quedó pequeña. Centenares de personas ocuparon la escalinata y el pequeño jardín que rodea la iglesia. A las 11 en punto de la mañana el párroco inició la ceremonia del adiós a una mujer que conocía toda la ciudad, que protegieron los suyos, que pidió ayuda a la Justicia, y que se quedó al descubierto a pesar de la condena de alejamiento que castigó al que fuera su compañero sentimental durante más de 15 años.

"Virma, querida, descansa en paz, perdónanos por no haber sabido curar tus heridas". Así se despedía su amiga Pilar al pasar ante el ataúd. Que era guapa, que sufrió lo inexplicable, que él se aprovechó, la maltrató, ultrajó, destrozó por fuera y por dentro, que su familia es excelente, que los padres han pasado lo que nadie sabe, que le soportaron por ella, que le advirtieron... Esas eran las afirmaciones que se cruzaban ayer entre amigos y conocidos de Virma.

Mientras la comitiva discurría despacio y callada, en coche, por las calles de la localidad, el titular del Juzgado de Instrucción número cuatro de Sueca, con competencias en materia de violencia sobre la mujer, dictaba auto de ingreso en prisión, comunicada y sin fianza, para Antonio Urban, de 54 años, el autor del crimen. Urban se negó a declarar en la comparecencia en el juzgado. Solo abrió la boca para considerar innecesario que le pusieran fianza. "Ni 100.000 euros ni tres, no tengo nada", afirmó. La fiscal acusa a Urban de un delito de asesinato, uno de quebrantamiento de condena, dos de lesiones, uno de violencia habitual, uno de resistencia a la autoridad y uno de tenencia ilícita de armas con el agravante de borrado de serie.

En las diligencias 111/2008, consta que Virma denunció a Antonio el 29 de diciembre porque el día 11 de ese mes la amenazó con un cuchillo en el cuello. El 2 de enero se celebró un juicio y fue condenado a cuatro meses de prisión, a 16 meses de alejamiento a más de 200 metros y a 16 meses de prohibición de tenencia de armas. La condena se suspendió a condición de que cumpliera el plan formativo previsto en la ley y no delinquir en dos años. Pero a esa visita judicial siguieron otras antes del fatal desenlace. Aquel mismo día 2 de enero Antonio Urban, según fuentes del caso, obligó a un amigo a presentar una denuncia contra los que habían sido sus suegros por daños de un perro de la familia. El asunto se archivó el 17 de enero. En medio, el 6 de enero, la madre de Virma, Pilar, llamó a la Guardia Civil. Antonio estaba justo debajo de casa. Presentó la denuncia el día 8. El 20 de febrero, Virma acudió al juzgado. Pidió que se archivara el procedimiento porque ella, aquel día, no estaba en casa. Hubiera sido un quebrantamiento que le habría llevado a prisión. Pero se desestimó.

Antonio Urban ayer cayó. Pero los testigos han empezado a hablar. A ella le rompió una pierna una vez. Un brazo, otra. Le pegó un puñetazo en un ojo en el bar Bahía. Quienes estuvieron en algunos de los peores momentos de Virma, rompen el silencio que mantiene el que fuera su verdugo.

De esos testimonios, de las investigaciones de la Guardia Civil y del resultado de la autopsia saldrá el relato completo de lo que ocurrió. Una de las incógnitas es de dónde sacó el revolver con el que la mató. La Delegación del Gobierno apuntó ayer al mercado negro, informa J. Blay.