Medio Ambiente 'subcontrata' los informes de impacto ambiental

La Consejería de Medio Ambiente de la Generalitat tiene subcontratada la redacción de la mayoría de los procedimientos sancionadores y los informes de impacto ambiental a dos empresas públicas que también ofrecen su servicio a sociedades privadas.

Vaersa ha recibido críticas por los criterios para contratar personal

Denuncias de que la consejería paga más y el personal cobra menos

El departamento que dirige José Ramón García Antón cuenta con un solo funcionario capacitado para instruir procedimientos sancionadores relacionados con infracciones ambientales, de agua y urbanismo. El resto del trabajo de instrucción de los expedientes recae sobre cuatro técnicos cedidos por las empresas públicas Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, SA (Vaersa) e Instituto Valenciano de la Vivienda, SA (Ivvsa) que trabajan en la propia Consejería de Medio Ambiente, según fuentes sindicales.

El departamento que tramita las resoluciones de impacto ambiental -es decir, el documento que necesitan ciertas empresas potencialmente contaminantes para ejercer su actividad- cuenta con cinco funcionarios, que se ven auxiliados en sus funciones por casi dos decenas de empleados más de Vaersa.

Vaersa "ofrece a instituciones públicas y empresas privadas todo el apoyo técnico y la experiencia de gestión necesarias para lograr un desarrollo sostenible". Entre sus servicios figura la redacción de estudios de impacto ambiental, el asesoramiento técnico y el desarrollo de planes. Fuentes de la Consejería de Medio Ambiente confirmaron que tanto en los departamentos que instruyen los expedientes sancionadores, como en los que elaboran declaraciones de impacto hay un elevado número de personal contratado por Vaersa y el Ivvsa, "aunque no hacen funciones que corresponden a los funcionarios".

"Vaersa e Ivvsa son empresas instrumentales de la Administración que asisten a los funcionarios y todo está dentro de la legalidad", insistieron fuentes de la consejería.El elevado número de personal contratado a través de las empresas públicas Vaersa e Ivvsa, que realiza su trabajo en las propias instalaciones de la Consejería de Medio Ambiente, ha generado un notable malestar entre el personal del departamento.

Según fuentes sindicales, tan sólo en la Dirección General del Cambio Climático poco más del 40% del centenar de empleados que atienden la actividad administrativa son funcionarios.

En esta dirección general se instruyen procedimientos administrativos sobre cuestiones estratégicas como los planes de control de residuos, vigilancia de la calidad del aire y fijación de criterios para reducir los efectos del cambio climático en la Comunidad Valenciana.

La realización de actividades en los parques naturales, otro de los elementos estratégicos de la Generalitat, depende también en exclusiva de Vaersa.

La situación, que ha sido heredada por el consejero José Ramón García Antón de sus antecesores Esteban González Pons y Rafael Blasco fundamentalmente, ya ha supuesto varias llamadas de atención por parte de la Sindicatura de Comptes -el órgano encargado de fiscalizar las cuentas de la Generalitat y sus empresas públicas-.

La Sindicatura ha advertido que ha detectado contrataciones de personal de Vaersa sin ningún proceso de selección o bien, en otros casos, la elección se ha realizado con una simple entrevista personal de la que no hay constancia documental.

Las auditorías de la Sindicatura de Comptes también advierten al Consell de que los contratados no pueden ocupar puestos de trabajo inexistentes o que se hallan reservados a funcionarios públicos.

La situación interna de la Consejería de Medio Ambiente ha despertado el malestar de los trabajadores, que realizan protestas desde hace varias semanas y que el pasado 7 de febrero solicitaron una entrevista al consejero García Antón para tratar de buscar soluciones.

En la petición, cursada por todos los sindicatos con representación en la Administración pública valenciana (STAPV,UGT,CCOO, IGEVA, CSIF, USO y CAT), se advierte que el personal contratado por Vaersa y el Ivvsa y que trabaja en la Consejería de Medio Ambiente cobran menos que los funcionarios con los que comparten despacho. En cambio, aseguran en su misiva al consejero, a Medio Ambiente le cuestan un 30% más.

"La consecuencia de todo esto es clara: pérdida de calidad en la prestación del servicio público, crecimiento de la presión y estrés laboral y desmotivación del trabajador, que a su vez sirve de justificación a la externalización de servicios, lo que provoca entrar en un círculo vicioso en el que el déficit de personal funcionario se cubre con contrataciones externas", indican los sindicatos.

Fuentes próximas al consejero de Medio Ambiente indicaron que García Antón tiene previsto recibir a los sindicatos. Fuentes de la Generalitat indicaron que lo prioritario ha sido sacar adelante la creciente actividad de una consejería desbordada por el notable incremento de la actividad, tanto urbanística como de adaptación a las cada vez mayores exigencias europeas.

Situación que ha llevado a la Consejería de Medio Ambiente a pagar determinadas contrataciones de personal con dinero del capítulo presupuestario asignado para inversiones reales.