A cara de perro

Mañana lunes se celebrará -si los imponderables desafortunados o las maniobras maliciosas no lo impiden- el primero de los dos debates (el segundo será el 3 de marzo) pactados por socialistas y populares para que sus respectivos candidatos a la presidencia del Gobierno se vean las caras en televisión. Las primeras y últimas confrontaciones dialécticas entre los dos principales aspirantes al máximo cargo electivo de la democracia española (desde 1982, PSOE y PP suman más de 300 de los 350 escaños del Congreso) se remontan a cuando el entonces presidente Felipe González aceptó medirse hace 15 años con José María Aznar.

La Junta Electoral había obstaculizado los cara a cara transmitidos por televisión pública -la única existente- entre los dos candidatos con mayores posibilidades de alcanzar la victoria a causa de las protestas de las restantes fuerzas políticas por la quiebra de la igualdad de oportunidades de los demás aspirantes. Pero la ruptura del monopolio estatal televisivo en 1990 permitió organizar esos duelos bilaterales en las televisiones privadas sin temor a infringir las leyes. Después del bautismo de 1993, sin embargo, Aznar (en 1996 y 2000) y Mariano Rajoy (en 2004) incumplieron tres veces seguidas sin el menor argumento el compromiso implícitamente contraído de respetar para cada elección presidencial ese uso político, consolidado desde los años sesenta en Estados Unidos y buena parte de las democracias avanzadas. La racanería, ventajismo y cortedad de miras de los dos candidatos populares, que daban por descontada su victoria y no querían correr riesgos, explican el largo interludio hasta 2008.

Zapatero y Rajoy celebrarán mañana su primer debate electoral transmitido por televisión

¿Cuáles son las razones de que los debates televisivos entre los candidatos presidenciales se hayan convertido en un rasgo de calidad democrática? Desde luego, podrían abaratar las costosísimas campañas electorales de los partidos, sufragadas por los contribuyentes a través de las subvenciones presupuestarias. Pero, sobre todo, materializan el derecho de los ciudadanos a recibir la mayor información posible (desde el programa de gobierno de los candidatos hasta datos sobre su personalidad) para decidir el sentido del voto. Pese a la incondicional oferta de Zapatero de restablecer la práctica inaugurada y abandonada en 1993, esa loable iniciativa estuvo a punto de irse a pique por los ridículos tiquismiquis y las abusivas exigencias de los negociadores del PP, empeñados en vetar a Televisión Española e imponer Telecinco y Antena 3 (una sospechosa colusión entre política y negocio) como organizadoras exclusivas de los debates.

Suscrito finalmente el acuerdo que permitirá la celebración de los mano a mano con un ceremonial encorsetado y rígido, nunca llegará a saberse probablemente si la inicial actitud obstruccionista del PP respondió a recelos paranoides generalizados, al temor a la flojera de Rajoy para aguantar un debate largo con Zapatero (ya perdió varios en el Parlamento) o al deseo de impedir una vez más en esta legislatura una solución de consenso mediante su inmoderada capacidad de bloqueo como minoría. -