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OPINIÓN
Columna
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Malas costumbres

Incorporadas hace diez días a la agenda electoral por Rajoy, la inmigración y la seguridad ciudadana han pasado a ocupar el lugar central de la propaganda del PP. Su marginación de la campaña sería inaceptable en términos democráticos: sin renunciar a la crítica de la demagogia populista, los socialistas tendrán que ofrecer sus propios diagnósticos y respuestas. La demanda laboral de una economía próspera y la ampliación de la Unión Europea han cambiado la dirección y acelerado el ritmo de los movimientos poblacionales en España -de la emigración a la inmigración- desde hace una década. Los europeos comunitarios y los extranjeros procedentes sobre todo de América Latina, el Magreb y el África subsahariana ascienden a 4,5 millones y representan casi el 10% de la población española. Pese a las regularizaciones llevadas a cabo por los Gobiernos de Aznar y Zapatero, un número indeterminado de inmigrantes -más de un millón, según Rajoy, y 300.000, según el ministro de Trabajo- no tienen su documentación en regla.

El PP introduce en la agenda electoral los temores xenófobos a la inmigración ligados con la seguridad ciudadana

Abstracción hecha del carácter cínicamente discriminatorio de los juicios morales sobre el control de las fronteras (la negativa de las democracias a dar visados a los judíos alemanes y centroeuropeos que serían luego víctimas del Holocausto no mereció la misma condena que el muro de Berlín), la oferta de mano de obra barata y sin amparo legal procedente de países empobrecidos ha beneficiado a la sociedad española, incrementando las ganancias empresariales y las reservas de la Seguridad Social. Los eventuales perjudicados entre los españoles de origen por la competencia laboral y la cercanía vecinal de los inmigrantes no son los votantes tradicionales del PP, sino del PSOE: los trabajadores no cualificados; los solicitantes de becas, subsidios y viviendas protegidas, o los usuarios de los hospitales, las escuelas, los transportes y los servicios públicos.

Rajoy exigiría a los inmigrantes que aspiren al permiso de residencia la firma de un compromiso jurídico inspirado en el contrato de acogida e integración francés introducido por Sarkozy. Nuestro registrador de la propiedad en excedencia con vocación presidencial no sólo tiende a confundir las teorías contratualistas de la filosofía política clásica con las obligaciones del Código Civil. Además, muestra una añoranza ridícula por el antiguo régimen: su contrato obligará a los inmigrantes no sólo a "cumplir las leyes", sino también "a respetar las costumbres de los españoles".

El temor xenófobo al contagio de los diferentes impregna todos los nacionalismos. Sabino Arana llamó en 1899 a la defensa de las "pacíficas y sanas costumbres" de los vascos frente a los bárbaros que atravesaban el Ebro trayendo consigo "las corridas de toros, el baile y el canto flamenco, la navaja y la cultísima lengua tan pródiga en blasfemias y sucias expresiones". El arraigo del nacionalismo en el País Vasco un siglo después enseña que la xenofobia nunca debe tomarse a broma. -

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