Apuntes

El Consell busca imponer a las universidades un recorte de fondos

Educación negoció en enero con los consejos sociales a espaldas de los rectores

Cuando se hizo visible, hace una semana, la guerra por la financiación que enfrenta a la Generalitat y a las universidades había quemado varias etapas. Hace un mes, el Consell pidió a los rectores que aceptasen sostenerse este año con un recorte de 100 millones de euros. Los dirigentes académicos rechazaron la oferta y dejaron ver a su interlocutor, el secretario autonómico Emilio Barberá, que ante una medida unilateral de ese tipo no les quedaría otra salida que dimitir en bloque. Barberá relajó el ambiente asegurando que se mantendrían las cantidades que se pactaron para 2007. En paralelo, el secretario autonómico empezó a negociar el plan de financiación para los próximos años con los presidentes de los consejos sociales de las universidades -la mayoría de ellos, empresarios- a espaldas de los equipos rectorales.

La Generalitat dejó de pagar a las universidades en 2007 en agosto

La financiación de 2008, lo que todavía se les adeuda de 2007 -agosto fue el último mes en el que las universidades recibieron las llamadas transferencias ordinarias, con las que pagan las nóminas y los recibos del agua y la luz- y lo que se les debe de las inversiones para infraestructuras comprometidas en octubre de 2005 son tres campos de batalla importantes. Hay otro, el del nuevo modelo plurianual de financiación, que las universidades consideran, sin embargo, decisivo: de él depende que puedan trazar estrategias a varios años vista en una época, la de la gran reforma del sistema para adaptarlo a Europa, que consideran el más profundo que las universidades han afrontado desde la restauración de la democracia.

La táctica de Educación en este caso también ha sido inédita: por primera vez el Consell ha empezado a negociar un plan de financiación con los presidentes de los consejos sociales sin comunicárselo a los equipos de gobierno de las universidades.

El presidente del Consejo Social de la Universitat de València es el notario Carlos Pascual. El de la Politécnica de Valencia, Rafael Ferrando, presidente de la patronal autonómica. El de la Universidad de Alicante, Ricardo Ferré, presidente del Colegio de Médicos de Alicante. El de la Jaume I de Castellón, Rafael Benavent, fundador de la azulejera Gres de Nules-Keraben. Y el de la Miguel Hernández de Elche, Emilio Cano, empresario del sector del calzado.

Los consejos sociales ganaron competencias con la reforma de la Ley Orgánica de Universidades (LOU) del último Gobierno del PP. Y las ampliaron todavía más con el decreto de desarrollo aprobado por la Generalitat. Los miembros que en ellos designan las universidades quedaron en clara minoría frente a los que nombran las Administraciones (Cortes, Consell, Ayuntamiento y Diputación) y otros colectivos sociales.

Los consejos sociales agrandaron sus competencias, pero las buenas relaciones entre sus presidentes y los rectores no se vieron alteradas. Los consejos han mantenido su tradicional respeto a la autonomía universitaria: aunque son los encargados de dar la última aprobación a los presupuestos de las universidades, ese paso ha venido siendo un trámite formal.

En la reunión que mantuvo con sus presidentes, el secretario autonómico Emilio Barberá les entregó un calendario de trabajo. En él se preveía la creación de una comisión negociadora, de la que no se concretaba la composición. Y una presentación del borrador del nuevo modelo a las universidades en junio, lo que dejaba la puerta abierta a que los gobiernos universitarios, normalmente, actores principales, no intervinieran en la negociación hasta el final.

Un nombre para unir los cinco campus

Los cinco rectores valencianos anunciaron la semana pasada su decisión de constituir la Asociación de Universidades Públicas Valencianas. Una fórmula para estrechar lazos, expresarse y negociar con una sola voz ante las Administraciones. Y aunque todos los campus han subrayado, y vuelven a hacerlo cada vez que tienen la oportunidad, su voluntad de integrarse en la VIU (Valencian International University), la plataforma de educación superior promovida por la Generalitat, matizan con la misma regularidad que lo harán cuando Educación les explique en qué consiste exactamente el proyecto y de qué forma colaborarán.

El último en hacerlo fue ayer el rector de la Universidad Politécnica de Valencia, Juan Juliá. "Estamos encantados de colaborar en un proyecto como la VIU", afirmó, "lo único que queremos es más información". El rector negó que exista vinculación entre la asociación y la VIU. La primera se inscribe en la línea de cooperación del Certificado de Estudios Iniciales Universitarios, un reconocimiento previsto en el desarrollo de la LOU para aquellos estudiantes que no hayan terminado la carrera pero hayan aprobado al menos 120 créditos. El certificado valenciano permitirá sumar los créditos obtenidos en cualquiera de los cinco campus.

Pero Juliá dijo también que la asociación servirá para poner de manifiesto que las universidades públicas están "vertebradas". ¿No es esa imagen de unidad, ese nombre de marca, uno de los elementos con el que la Generalitat les vende la VIU?

Otros universitarios reconocen que la asociación tratará de cumplir en cierta forma ese objetivo de visibilización. Entre otras cosas porque, del proyecto de VIU que Educación les esbozó a finales de año a lo que se ha ido concretando, existen ya cambios significativos. El mensaje que recibieron inicialmente fue el de que las universidades públicas tendrían un papel preponderante en todas las fases del diseño, además de darle cuerpo. Y lo que han descubierto es que de momento la Generalitat ha integrado ya en la plataforma on line con voz y con voto a las dos universidades privadas del territorio, la Cardenal Herrera-CEU y la Universidad Católica San Vicente Mártir de Valencia.

La asociación es además el único órgano en el que todas las públicas, y solo ellas, se hallan representadas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del jueves, 14 de febrero de 2008.

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