Trillo ordenó recortar vuelos a Afganistán por los gastos en Irak

La "sensibilidad política" y las "limitaciones presupuestarias" impuestas por la participación de España en la guerra de Irak condicionaron la programación de los vuelos de apoyo a las tropas españolas en Afganistán, como el del Yak-42 que se estrelló el 26 de mayo de 2003 con 62 militares españoles a bordo. Frente a la teoría oficial de que no existía ninguna limitación económica para contratar los mejores aviones, una carta del entonces jefe del Mando de Operaciones del Estado Mayor Conjunto, el vicealmirante José Antonio Martínez Sainz-Rozas, revela que el Ministerio de Defensa autorizaba un máximo de dos vuelos al mes. Hoy declararán como testigos ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska varios mandos militares de la época, aunque no Sainz-Rozas, después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia anulase el archivo del caso.

La carta del vicealmirante está fechada el 30 de junio de 2005, un día después de que el ex ministro Federico Trillo-Figueroa atribuyese a los mandos militares la responsabilidad del caso, durante su comparecencia ante la Comisión de Defensa del Congreso, que reprobó su actuación.

Tras expresar sus quejas por la politización del asunto, Sainz-Rozas explica: "Empezaré insistiendo en que siempre actué con total lealtad y que a día de hoy, con la información de que dispongo, sigo considerando que en el EMAD [Estado Mayor de la Defensa] se hizo bien el trabajo, aunque en el proceso de contratación [...] intervinieron muchas personas y quizás pudo pecarse de exceso de confianza".

"En todo caso considero oportuno significarte", agrega, "que el entorno en el EMACON era complejo y requería coordinar muchos aspectos con numerosos organismos. En esa complejidad incidía la sensibilidad política que se vivía respecto al conflicto iraquí; esta circunstancia modulaba de arriba hacia abajo nuestra actividad diaria de forma que, en algunos casos, teníamos incluso que esperar a que el JEMAD [Jefe del Estado Mayor de la Defensa] recibiera la autorización del Ministro para concretar los detalles de algunos vuelos (fecha, carga y /o personas) lo que inevitablemente producía improvisaciones con las consiguientes quejas de los destinatarios de la carga".

El vicealmirante añade que, una vez completado el despliegue, "únicamente podíamos programar dos aviones / mes de apoyo por las limitaciones presupuestarias". En teoría, no debían existir restricciones, pues la partida 228 del presupuesto de Defensa, con la que se pagan las operaciones en el exterior, podía ampliarse sin límite.

Retraso en enviar apoyos

Sin embargo, alega en la misiva, "la justificación que nos daban desde el propio Ministerio-DIGENPOL [Dirección General de Política de Defensa] era que el Fondo de Contingencia, que tenía que atender al 228, estaba también condicionado por otros gastos como el del Prestige, inundaciones y los gastos derivados de otras operaciones como Afganistán, Índico y Balcanes. Esta circunstancia nos llevaba a tener que priorizar la carga de los vuelos programados en el MOVPLAN (Plan de Movimientos), lo que inevitablemente producía retrasos en el envío de algunos apoyos y consecuentemente quejas de los destinatarios a los que no habíamos podido atender".

Sainz-Rozas concluye la carta con una declaración autoexculpatoria: "Aunque soy consciente [de] que, además, existieron problemas con el catering, retrasos en los horarios, problemas con visados, que reclamábamos a la compañía contratista inmediatamente, me gustaría destacarte una vez más que nunca me llegaron quejas relativas a la seguridad de los vuelos antes del día del desgraciado accidente, que con los datos que tengo, en mi opinión, se trató de un fallo humano".

La novedad de la misiva radica en que, por vez primera, un alto mando militar reconoce la existencia de limitaciones presupuestarias en los vuelos, lo que explica la necesidad de ahorrar, y revela que el propio ministro tenía que autorizarlos.

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