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Un juez impide a Alperi financiar un proyecto privado con dinero público

Un juez considera ilegal la pretensión del Ayuntamiento de Alicante de asumir la mitad del coste de un proyecto de reparcelación. En la práctica, esta intención beneficiaba al urbanizador, que compartía gastos con el Ayuntamiento, e implicaba un desembolso de dinero público que la oposición municipal socialista cifra en 500.000 euros.

El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Alicante declara nulo un acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alicante del 29 de mayo de 2006, en el que se aprobó el Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución número 1 del Plan Parcial Benalúa Sur. En este acuerdo, el equipo de gobierno que preside Luis Díaz Alperi, del PP, preveía asumir el 50% del gasto de reparcelación, con el que costearía obras como la elevación de rasantes de la Avenida de Elche y la reurbanización de sus aceras. Este acuerdo se produjo pese a que en marzo de 2004 la Gerencia de Urbanismo había firmado un convenio con el agente urbanizador en el que se estipulaba la obligación del urbanizador de "proceder a la urbanización íntegra".

El juez considera inadmisible "que se pretenda ignorar" el citado convenio urbanístico, que "tiene fuerza vinculante". El programa, además, alteraba el sentido del PAI aprobado provisionalmente en la sesión plenaria del 5 de octubre de 1999, según subraya el juez de lo contencioso administrativo. La sentencia es consecuencia del recurso interpuesto, tras el acuerdo de la Junta de Gobierno, por el entonces portavoz del PSPV-PSOE en el Ayuntamiento, Manuel de Barros. Ayer los socialistas mostraron su satisfacción por una sentencia gracias a la cual "los alicantinos ahorrarán unos 500.000 euros que el Ayuntamiento pensaba pagar por la urbanización de Benalúa Sur cuando estos gastos debían correr a cargo del urbanizador".La unidad de ejecución número 1 del Plan Parcial Benalúa Sur es una de las dos en las que se ha dividido la zona. En esta unidad está prevista la construcción de un nuevo colegio que los vecinos reclaman desde hace más de ocho años. Los vecinos también reivindican un centro de salud y un centro social. En noviembre del año pasado, la Asociación de Vecinos de Benalúa El Temple presentó ante el registro municipal del Ayuntamiento de Alicante y en la sede del Consell en Alicante sendos escritos, apoyados por la firma de 2.128 vecinos de la zona, en los que urgían a las dos administraciones a ejecutar las obras. Ayer, el concejal socialista Manuel de Barros insistió en que la sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo no afecta en ningún sentido a la construcción del centro, cuyas obras van a empezar tras años de retraso. "Las obras del colegio público de Benalúa no sufrirán ningún retraso ya que la sentencia solo afecta a los gastos de urbanización", apostilló el edil socialista.

De Barros valoró la sentencia en una rueda de prensa en la que también participó la actual responsable socialista del área de urbanismo, Loles Fernández, quien recordó que los gastos que el Ayuntamiento pretendía asumir no le corresponden según la ley y también según el PAI aprobado en el pleno de 1999. La edil explicó que los socialistas tuvieron que intervenir ante lo que calificó no solo de una "gran deslealtad del urbanizador" sino ante la posición del Ayuntamiento, "que nuevamente favorece los intereses del urbanizador" en detrimento de los de los ciudadanos. Los socialistas esperan que el Ayuntamiento no recurra la sentencia "pues iría en contra de los alicantinos".

Tensiones

Los socialistas, además, relacionan la evolución de este programa urbanístico con las tensiones existentes en la Gerencia de Urbanismo entre técnicos y dirección. De Barros recordó que en su momento diversos técnicos de la Gerencia de Urbanismo emitieron informes contrarios a la intención del Consistorio de asumir la mitad del coste de esta reparcelación. Uno de esos funcionarios, que entre otras cuestiones emitió un informe sobre el Plan Parcial de Benalúa Sur, en alusión a Climent Lozano, fue posteriormente apartado de su responsabilidad y ha interpuesto una demanda contra la decisión de la dirección de urbanismo del Ayuntamiento de Alicante.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 13 de febrero de 2008