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Lores reprocha a Vivenda el realojo de los gitanos sin avisar al Ayuntamiento

El alcalde de Poio censura que su compañero del BNG corte el agua a las familias

El conflicto en torno al realojo en Pontevedra de las tres familias gitanas procedentes del poblado chabolista de O Vao (Poio) ha traspasado el ámbito social para abrir una brecha en el seno del BNG. El alcalde de Pontevedra, el nacionalista Miguel Anxo Fernández Lores, y la teniente de alcalde Teresa Casal (PSOE), presentaron ayer una declaración conjunta en la que dan un toque de atención a la Consellería de Vivenda, en manos del Bloque. El bipartito local recordó al departamento que dirige Teresa Táboas que ya hace dos meses aprobó una declaración en la que consideraba que el barrio de Monte Porreiro no es "un lugar adecuado para ubicar un mayor número de viviendas con destino social".

El gobierno local insta a Vivenda a que "medie y sea coherente", en el conflicto abierto por el reaolojo de los gitanos, según expresó Lores. Su socia de coalición, la socialista Teresa Casal, fue más directa y reprochó a Vivenda que firmase un convenio con el Ayuntamiento de Poio para comprar tres pisos a los chabolistas con lo que "ha trasladado el problema a Pontevedra". Tanto Lores como Casal pidieron "moderación" y "sentido común" para resolver este problema de acuerdo a la ley y con "respeto por las libertades individuales".

Fuentes de la consellería respondieron que "la competencia de los realojos corresponde a los ayuntamientos, cada uno hace su parte del trabajo y Vivenda en ningún caso entra a valorar esto". "Lo que analiza la consellería no es si la vivienda está ubicada en este municipio o en otro, sino que esté toda la documentación en orden. Y en este caso había que darle una salida urgente al derribo de seis chabolas".

El portavoz del PP, Telmo Martín, se desmarcó de la declaración conjunta del gobierno local por entender que se queda "corta" y es "poco contundente". Martín responsabiliza de esta situación a Vivenda y a la Vicepresidencia de la Xunta. "El alcalde dijo hace dos meses y medio que no iba a permitir que estas familias se realojaran en Monte Porreiro", añadió Martín. "Yo no me creo que no estuviera enterado y que el único malo de la película sea el alcalde de Poio".

Precisamente el regidor de Poio, el también nacionalista Luciano Sobral, afirmó ayer sentirse "respaldado" tanto por Vivenda como por Vicepresidencia y aseguró que ambos organismos han estado informados durante todo el proceso. Sobral matizó que antes de firmar los contratos de compra de los pisos para los chabolistas en Monte Porreiro "fueron remitidos a Vivenda", que los aprobó. Vicepresidencia colabora por tratarse de una operación supramunicipal, con la integración de estas familias a través de la Fundación Secretariado Gitano, y fue informada "desde el primer momento, una vez aprobada la compra".

Sobral reconoció que no ha hablado con su homólogo pontevedrés: "A lo mejor, ahí fallamos". Pero también señaló que Lores "podría haber tomado otras medidas" sin necesidad de cortar el agua en los pisos o paralizar las obras de reforma, "si se le puede llamar así", precisó "a conectar un calentador de agua caliente y algunos trabajos de pintura". "No creo que sea motivo de sanción", dijo el alcalde de Poio, quien reveló, además, que cuando el Ayuntamiento compró los pisos ya tenía conexión de agua.

Los realojados en Monte Porreiro son un matrimonio de poco más de 20 años con un niño de 3 meses, una señora de 80 años y otra de unos 50, un matrimonio mayor y una mujer con problemas de movilidad además de otra pareja con dos hijas adolescentes.

El presidente de la asociación Pueblo Gitano, Sinaí Giménez, presentó ayer una demanda en el juzgado contra Lores por su intención de conocer los antecedentes penales de los realojados, y contra la asociación de vecinos de Monte Porreiro por coacciones y amenazas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 12 de febrero de 2008