El sacerdote que denunció al arzobispo recurre la sentencia

El sacerdote que denunció al arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez, ha recurrido la sentencia que condenó al prelado a una multa de 3.750 euros por un delito de coacciones y una falta de injurias. El cura denunciante solicita que se eleve la pena, al considerar que cometió los delitos de calumnias e injurias, según adelantó ayer el diario La Opinión de Granada.

El abogado del sacerdote, Rafael López Guarnido, estima que la condena es "contraria a derecho" y cree que en el escrito del prelado "se imputan dos acciones que se enuncian como apropiación indebida y extorsión y que se corresponden con dos delitos". López Guarnido alabó ayer la sentencia del juez Miguel Angel Torres, instructor del caso Malaya, que calificó de "extraordinaria", pero disiente en la valoración de los hechos y en la pena impuesta al prelado, el primero en sentarse en el banquillo de los acusados. Tanto el fiscal como la defensa del arzobispo recurrieron en su día el fallo del magistrado para pedir su absolución.

López Guarnido explicó ayer a Efe que ha impugnado ambos recursos, mientras que el fiscal y la defensa del arzobispo han hecho lo propio con el de la acusación particular, que solicita una condena mayor. El sacerdote Francisco Javier Martínez Medina denunció al arzobispo por injurias, calumnias, acoso moral, lesiones y coacciones. Tras el juicio, el prelado fue condenado a pagar una multa de 3.750 euros por un delito de coacciones y una falta de injurias. En su recurso, presentado a comienzos de año, pide que el prelado sea condenado por un delito de calumnias o injurias y una indemnización de 8.100 euros que se sume a la multa ya impuesta, así como al pago de las costas, que se declararon de oficio.

En su sentencia, el juez Torres calificó de "peculiar e inusual" el procedimiento y atribuyó el origen de todas las acciones de Martínez contra el cura a la vinculación de éste con CajaSur, con la que el prelado mantenía un enfrentamiento desde que ejerció como arzobispo en Córdoba, especialmente con su presidente, Miguel Castillejo.

Esto fue lo que le llevó, entre otras cosas, a ordenar al querellante que paralizara un libro sobre la Catedral de Granada, de la que era coordinador y que estaba financiado por esa entidad. En el relato de los hechos, el juez puso de manifiesto cuestiones como la del "poder" del arzobispo y su "utilización" del Cabildo para impedir la publicación del libro.

El arzobispo, además de paralizar la edición del libro, destituyó al sacerdote como canónigo de la Catedral y archivero y conservador de su Patrimonio y le acusó por escrito de "apropiación indebida, reiterada y pertinaz" de los bienes del Cabildo catedralicio.