La policía desaloja el peligroso 'callejón de la muerte' de Alicante

"Estamos discriminados por los payos porque somos gitanos. Nos tratan como animales", clamaba José Muñoz, de 34 años, y patriarca de una de las familias gitanas que ayer fueron deshauciadas del barrio más deprimido y marginal de Alicante. La policía desalojó en la mañana de ayer 65 viviendas ocupadas ilegalmente en el barrio Virgen del Carmen, enclave del norte de la ciudad de Alicante que registra los mayores índices de criminalidad de la capital y uno de los más peligrosos de España. La zona, conocida en el ámbito policial y delictivo con el apelativo de callejón de la muerte, es el refugio de familias gitanas dedicadas al narcotráfico y con un amplio historial delictivo, según fuentes policiales.

Durante la evacuación en la barriada se produjeron momentos de tensión entre los inquilinos y los agentes, que concluyeron con el arresto de cuatro personas, una de ellas por resistencia a la autoridad y el resto por estar en búsqueda y captura.

Las casas, cuatro bloques de la calle del Diputado Juan Rodríguez Marín, fueron construidas hace ocho años por el Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA) para personas desfavorecidas. Cuando apenas ha pasado una década desde su edificación, el aspecto de estas viviendas es demoledor: casas totalmente destrozadas y convertidas en auténticos vertederos. La mayoría de sus moradores -solo 12 de las 38 familias que residían habían accedido legalmente a los pisos- se adueñaron irregularmente de las viviendas. Tras el desalojo, la policía bloqueó la zona con vallas de tres metros de altura para evitar que las casas vuelvan a ser ocupadas antes de que se reconstruyan. Mientras tanto, habrá vigilancia policial. El IVVSA invertirá tres millones de euros para rehabilitar las viviendas.El desalojo de casas, en medio de un fuerte dispositivo policial -más de un centenar de agentes entre policías nacionales y locales reforzados con efectivos antidisturbios de Valencia- comenzó a primeras horas de la mañana, una vez que el IVVSA obtuvo la correspondiente autorización judicial.

El inicio de la evacuación estuvo rodeado de momentos de gran tensión, con personas refugiadas en los tejados y otras atrincheradas en el interior de las casas. Estos incidentes desembocaron en la detención de cuatro personas. Sin embargo, superados esos conatos iniciales, los empleados de los servicios de mudanzas comenzaron a retirar los enseres que se amontonaban en el interior de las 65 viviendas, aunque en ese momento solo 30 estaban habitadas. Una docena de las familias desalojadas ya han sido reubicadas en otras viviendas del IVVSA, mientras que para el resto no se ha adoptado aún ninguna medida. El perfil de los residentes desahuciados es el de una familia numerosa de etnia gitana, a la que no se conoce trabajo y con un brutal índice de absentismo escolar.

"No es justo lo que están haciendo. ¿Dónde nos lavamos y meamos ahora?", maldecía Juan José Fernández, de 49 años, uno de los expulsados. Este hombre compartía su casa con otros 14 familiares, entre hijos y parejas y nietos. "A dónde vamos a ir", vociferaba jaleado por sus familiares.

Oficialmente, según aclaró el Instituto Valenciano de la Vivienda, el desahucio, comunicado a los vecinos hace ocho meses, obedece a la falta de titularidad, los impagos [son viviendas sociales concedidas en régimen de alquiler en función de las rentas de los beneficiarios], la mala convivencia y las pésimas condiciones de salubridad.

La estampa con la que se toparon los agentes cuando irrumpieron en las casas era inmunda. En una vivienda, entre la suciedad, se acumulaban papelinas; en otra sus inquilinos habían improvisado en la puerta de acceso a la vivienda, fuertemente blindada, una falsa ventanilla para su negocio de droga. Esta casa, según el técnico del IVVSA Miguel Huertas, no estaba habitada habitualmente sino que era un piso franco. En algunas de las puertas de las viviendas, los moradores habían instalado barras metálicas para impedir intervenciones policiales.

Al problema legal se sumaba el elevado índice de delitos que acumula la zona, la mayoría derivados de ajustes de cuentas por narcotráfico entre clanes rivales. De hecho, el 85% de los agentes del Cuerpo Nacional de Policía se dedica al control y vigilancia de este punto considerado por la policía como "el más peligroso e inseguro" de Alicante, según confirma un alto mando policial. El peligro es de tal calado que los basureros hace tiempo que se negaron a trabajar en esta zona, apunta el cargo policial. Este barrio es el lugar de residencia de algunas de las familias gitanas más temibles dedicadas al tráfico de drogas y otras actividades delictivas asociadas. Entre ellas, figuran los Moli que mantienen un secular enfrentamiento con los Capito. Hace años, estos últimos protagonizaron una aparatosa refriega con otra familia rival, Los Pachanga, en la que hubo tres muertos. A partir de ahora, la policía da por neutralizado el callejón de la muerte en el barrio más marginal de la capital. En breve, comenzarán las obras de rehabilitación rodeadas de fuertes medidas de seguridad.