La construcción de casas en campos de golf dependerá de Obras Públicas

La Consejería de Turismo ha conseguido que haya una normativa específica sobre campos de golf y que ésta vaya a permitir usos residenciales en algunos de ellos, pero será Obras Públicas, que no quería un decreto monográfico, la que decida cuántos, dónde y en qué momento pueda producirse la compatibilidad.

Este es el parte final de la disputa que durante más de dos años han mantenido ambos departamentos del Gobierno andaluz sobre una materia que se ha revelado tan sensible por sus repercusiones económicas, territoriales y medioambientales. Ambas consejerías han podido imponer algunas de sus tesis, pero a la vez han tenido que ceder en determinadas pretensiones para que finalmente el ejecutivo autonómico pueda aprobar la normativa antes de las elecciones autonómicas del 9 de marzo y cumplir in extremis uno de sus compromisos.

Promulgar un decreto que regulara la implantación, características y funcionamiento de los campos de golf en la comunidad autónoma que más tiene era uno de los asuntos incluidos en el acuerdo de gobierno suscrito a comienzos de la legislatura entre el PSOE y Los Verdes. En aquel momento, la corriente empujaba a casi todos los ayuntamientos andaluces a incluir proyectos de golf en sus planes urbanísticos.

Se trataba de establecer un orden de compatibilidades entre las conveniencias de una actividad generadora de un turismo de alto poder adquisitivo y atractivo reclamo para la promoción inmobiliaria; y las inconveniencias derivadas de la necesidad de agua, el consumo y la transformación de suelo o el uso de productos químicos.

La conciliación de intereses no ha sido tarea fácil. Obras Públicas se ha resistido al decreto por entender que con la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) ya tenía garantizado lo que quería evitar: la proliferación de núcleos de población aislados de los cascos urbanos sin infraestructuras básicas y equipamientos sociales; y que abrir el melón era justamente contemplar excepciones, como así ha sido. Desde la perspectiva contraria, Turismo planteaba la conveniencia de salvar los obstáculos que la LOUA ponía a proyectos que combinan golf y viviendas y que pueden tener un valor estratégico.

El texto, al que el pasado jueves dio su visto bueno la comisión de viceconsejeros y que remitió al Consejo Consultivo para que lo dictamine y quede listo para su aprobación por el Consejo de Gobierno de la Junta, presumiblemente el 26 de febrero, tiene huellas reconocibles. "No es el decreto que cada uno hubiéramos querido, pero es el que satisface a lo que cada uno podíamos aspirar", confiesa un director general. El presidente de la Junta, Manuel Chaves, admitió la dificultad. "Nos ha costado encontrar el punto de equilibrio, y la prueba es que hemos tardado años en el decreto", dijo la semana pasada en Fitur.

Como norma general, el decreto establece que los campos de golf no son compatibles con los usos residenciales, comerciales, industriales y terciarios. Esto es, quedan prohibidas las urbanizaciones con golf. Pero incluye la excepción de los campos de interés turístico, instalaciones que "tengan una especial relevancia por su incidencia potencial en la cualificación de la oferta turística y su desestacionalización, ampliando la oferta deportiva y de ocio asociada al turismo del ámbito territorial" en los que sí estarían permitida la construcción de viviendas.