El vicio de no responder

Cristina Moreno, diputada del PSPV, se presentó ayer en la sede de Valencian Community Investments (VCI), una empresa de la Generalitat que maneja un presupuesto anual de cinco millones de euros para pagar nóminas y gastos de funcionamiento y cuyo objetivo es captar inversiones extranjeras. Moreno formuló el pasado mes de junio una serie de preguntas parlamentarias en torno a las actividades de la empresa, una entidad que no está obligada a presentar una memoria de gestión anual por su escaso volumen y apenas elabora un balance abreviado, según un portavoz oficial de la Sindicatura de Comptes.

La fiscalización de la gestión de la cosa pública es una actividad parlamentaria por excelencia y Moreno, hastiada por meses de silencio, comunicó hace una semana su intención de visitar la empresa y ayer se plantó en la sede de VCI.

'Caiga quien caiga' dedica hoy un reportaje al silencio de Francisco Camps

Franqueó la entrada después de superar confusiones de fechas y, antes de ser atendida, le presentaron un documento: "Cristina Moreno, en uso de sus atribuciones, recibe relación detallada de las iniciativas de inversión gestionadas por esta sociedad... a los exclusivos efectos de su actividad parlamentaria. Dado que dicha relación está sujeta a la ley de protección de datos y a convenios y compromisos de confidencialidad, VCI queda eximida de cualquier responsabilidad derivada del uso de esa relación". Moreno, que no es la primera vez que tropieza con un documento semejante, se negó a firmar y cargó contra Gerardo Camps, consejero de Economía, destinatario de las preguntas parlamentarias y responsable último de la empresa. "Gerardo Camps demuestra una vez más su intención de obstaculizar cualquier tipo de información parlamentaria", denunció, "no sabe lo que es el talante democrático y que un gobierno, además de gobernar, tiene que dar cuentas al resto de los ciudadanos por medio de la oposición".

El caso ilustra una forma de proceder que mantiene bloqueada la elección del Síndic de Greuges en las Cortes. Los socialistas congelaron el acuerdo alcanzado con el PP hasta que el diputado José Camarasa pueda acceder a las actas del consejo de otra empresa pública.

El vicio de no responder se ha extendido sobre la institución de la Generalitat al punto de que el presidente, Francisco Camps, ha establecido como norma en sus comparecencias públicas la negativa a someterse a preguntas de los periodistas.

Si los diputados deben fiscalizar la gestión de la cosa pública, los periodistas deben trasladar las dudas de sus lectores. La Unió de Periodistes, que ha reiterado sus denuncias sobre el proceder de muchos responsables públicos valencianos, celebró ayer que un reportero de Caiga quien caiga, un programa de televisión que reivindica la impertinencia en el ejercicio del periodismo, haya seguido durante varios días la agenda oficial de Francisco Camps. El reportero en cuestión sólo logró arrancar unas palabras al presidente de la Generalitat después de la inauguración de un parque. El programa se emite hoy.