El Gobierno cierra todas las vías a PCTV y ANV para que no vayan a las generales

El Gobierno va a ir a por todas y agotará todas las vías para impedir que ANV (Acción Nacionalista Vasca), PCTV (Partido Comunista de las Tierras Vascas, EHAK, en euskera) o cualquier otra marca vinculada a la ilegalizada Batasuna se presente a las elecciones generales del 9 de marzo. "De ninguna manera va a quedar un hueco para que ni ANV ni PCTV puedan concurrir a las elecciones", dijo ayer la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, al presentar el acuerdo que aprobó el Consejo de Ministros que insta a la Abogacía del Estado para que las ilegalice.

El acuerdo ministerial posibilita a la Abogacía del Estado para que utilice todos los mecanismos para "asegurar que se impida judicialmente" que ANV, PCTV o cualquier otra marca vinculada a Batasuna "concurra a las elecciones". Fernández de la Vega precisó que para ello recurrirá a los mecanismos de la Ley Electoral, de la Ley de Partidos y, en su caso, "si es necesario, a las medidas cautelares". Así, en 2002, el juez Baltasar Garzón suspendió cautelarmente a Batasuna, antes, incluso, de que se iniciara el proceso de ilegalización ante la sala 61 del Tribunal Supremo por la vía de la Ley de Partidos.

El acuerdo, decidido ayer por el Consejo de Ministros, autoriza a la Abogacía del Estado a que proceda a la ilegalización por tres vías diferentes.

Así, autoriza al servicio jurídico del Estado a ejercer las acciones necesarias para ilegalizar ANV y PCTV por la Ley de Partidos, bien por el procedimiento ordinario o en ejecución de la sentencia de la Sala del 61 del Tribunal Supremo que decretó la ilegalización de Batasuna en 2003. Fernández de la Vega precisó que esta decisión responde a que "se ha acreditado" que ambas marcas "están vinculadas a Batasuna". "No hay lugar en la democracia para los que pretenden servirse de ella. Esta decisión certifica que en un Estado de derecho nada ni nadie puede estar por encima del imperio de la ley", precisó.

El mismo acuerdo autoriza, también, a la Abogacía del Estado a promover las acciones judiciales necesarias para impedir o anular la proclamación de las candidaturas o agrupaciones electorales en que concurran las circunstancias previstas en el artículo 44,4 de la Ley de Régimen Electoral, según la redacción dada por la Ley de Partidos.

Trata, con ello, de que la Abogacía tome medidas en el caso de que la ilegal Batasuna repita lo que intentó en las elecciones municipales de mayo de 2007, cuando quiso concurrir con la agrupación electoral Abertzale Sozialistak. La Abogacía del Estado y la Fiscalía impugnaron en mayo todas las agrupaciones electorales de esa marca ante la sala 61 del Tribunal Supremo e impidieron su participación electoral.

El Consejo de Ministros autorizó, asimismo, a los Servicios Jurídicos del Estado a pedir la ilegalización, a través de la Ley de Partidos o de ejecución de sentencia, en el caso de que las formaciones ilegalizadas traten de "resucitar un partido durmiente" para concurrir a las elecciones. Fue lo que sucedió en las elecciones municipales de mayo, en las que la ilegal Batasuna trató de concurrir, primero, con un nuevo partido, Abertzale Sozialisten Batasuna, y después, con una marca de "partido durmiente", ANV, que, además, en sus estatutos, pregonaba el rechazo de la violencia.

La primera fue impugnada por la Abogacía del Estado y la Fiscalía y rechazada por el Tribunal Supremo. Y la segunda, ANV, sólo puso disponer de la mitad de sus candidaturas. La otra mitad fueron impugnadas y rechazadas por el Supremo.

Fernández de la Vega justificó ayer el que ahora sea posible la ilegalización de ANV y no lo fuera en mayo de 2007 en que fue a partir de la operación policial realizada contra la Mesa Nacional de Batasuna en octubre cuando se empezaron a recabar las "pruebas contundentes" que lo han posibilitado.

"Es ahora cuando se dispone, no de los indicios, que se han venido teniendo de forma sucesiva y son los que abren el camino a las pruebas contundentes que van a permitir conforme a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que se proceda a su ilegalización", manifestó.