La posguerra de los balnearios

La guerra de los balnearios, que mantuvo en vilo a los vecinos de Caldes de Malavella (Selva) hace un par de meses, cesó con la firma de un nuevo contrato de suministro entre Vichy Catalán y Prats. Pero el caso ha destapado un tema que preocupa, y mucho, a los habitantes de esta localidad, como es el derecho público sobre las aguas termales que le han dado fama. En Caldes no están claros cuáles son los derechos que tiene el municipio y cuáles son los que tienen las empresas situadas en el pueblo, que disponen de conexión a las fuentes y se dedican a la producción de agua envasada.

El Ayuntamiento trabaja para resolver la situación y los vecinos han dado un voto de confianza al alcalde, aunque no descartan volver a salir a la calle como hicieron en noviembre si consideran que el proceso no avanza o si no reciben suficiente información sobre las negociaciones.

El municipio desea un tanto por ciento del beneficio de las embotelladoras

Caldes no sabe cuánta agua toman las empresas de su subsuelo

Actualmente existen dos empresas que explotan directamente las fuentes del pueblo: Vichy Catalán, titular de las marcas Malavella y Vichy Catalán, y Nestlé Waters, propietaria de Agua San Narciso. En el caso de Vichy, la inauguración de la primera planta embotelladora se remonta a 1889. También hay tres fuentes públicas, pero de ellas no brota agua de forma permanente, los vecinos se quejan de su escaso caudal y temen la sobreexplotación de los recursos hídricos por parte de las plantas embotelladoras.

En un intento de poner orden, el Ayuntamiento de Caldes emitió un dictamen a principios del pasado noviembre donde se pronunciaba a favor de la recuperación de los derechos públicos de las aguas termales: "El agua de Caldes no es una mercancía, es cultura, es sociedad y patrimonio de todos", aducía.

Según explica el alcalde, el independiente Joan Colomer, el primer paso es aclarar qué cantidad de agua extraen las empresas. Colomer reconoce que el consistorio hace años que desconoce el volumen y caudal de agua que toman Vichy Catalán y Nestlé Waters del subsuelo de Caldes, y ha solicitado la intervención de la Dirección General de Energía y Minas de la Generalitat para obtener estos datos.

Colomer confía en el estudio que ha encargado a una empresa externa para "abordar de una vez" los caudales a los que tiene derecho el pueblo. Son informes realizados por técnicos e ingenieros de minas cuyo contenido espera conocer el consistorio durante este mes.

Las embotelladoras prefieren no pronunciarse al respecto hasta recibir información del Ayuntamiento. El responsable de la planta de Nestlé Waters en Caldes asegura que aún no han recibido una notificación "oficial" sobre el inicio del proceso.

La situación, no obstante, es más compleja de lo que parece. Existe un vacío normativo sobre los derechos de los municipios respecto a las aguas termales. A diferencia de los recursos hidráulicos y geológicos, los recursos minerales no son propiedad de la Administración.

A principios del 2007, el Ministerio de Industria redactó un borrador de un anteproyecto de ley para integrar las fuentes y aguas minerales en el régimen general de la ley de aguas, e igualarlas así al resto de los recursos naturales, aunque no siguió adelante. Según el anteproyecto, las empresas que quieran explotar una fuente habrán de solicitar una concesión administrativa y pagar los correspondientes impuestos al Ayuntamiento para el uso privado del dominio.

A las embotelladoras españolas no les sentó bien la iniciativa, por considerar que se vulnera la propiedad privada. Según Montserrat Vehí, concejal de Aguas y Medio Ambiente de Caldes, las empresas envasadoras "tienen mucho poder y la ley está encallada". Vehí lamenta la actitud "pasiva" de la Dirección de Energía y Minas y la insta a actuar con contundencia para solucionar una "situación irregular".

"Es una paradoja. Por una parte se reconoce que las aguas mineromedicinales son de interés público, y por otra, están en manos privadas". No es la primera vez que el Ayuntamiento de Caldes intenta aclarar la cuestión. Todos los gobiernos municipales han hecho gestiones e incluso se editó un estudio en la década de 1990 para conocer mejor el problema.

Según el ex alcalde y actual portavoz de ERC, Marcel Vila, la solución no es inmediata, pese a reconocer la lucha de años, gestiones y búsqueda de asesoramiento sobre el tema.

Hoy el municipio no obtiene rendimientos de la actividad embotelladora, más allá de la recaudación del impuesto de actividades. Una situación "que no se entiende", a juicio de Sergi Mir, portavoz de los vecinos durante las manifestaciones populares a favor del agua termal. "El municipio tendría una fuente de financiación muy importante si lográsemos recuperar los derechos sobre las aguas termales".

Ésta es una de las motivaciones que mueven al actual gobierno municipal a la hora de pedir la intervención de Minas: lograr que el municipio reciba un tanto por ciento de los beneficios de las empresas embotelladoras. Según explica Colomer, este tipo de acuerdos ya se aplican en otras localidades vinculadas a la explotación de las aguas, como Sant Hilari Sacalm (Selva), donde se embotella la Fontvella.