Como ministro, no podría opinar
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futuro.
El pasado empresarial de Manuel Pizarro, del que ayer intentó desvestirse de un plumazo al anunciar su renuncia a todos sus cargos remunerados, tendrá consecuencias en el futuro. De ganar las elecciones y llegar a ocupar una cartera como la de Economía, Pizarro tendría que inhibirse en algunas decisiones a causa de la ley de incompatibilidades. Los cargos que ha ocupado en los dos últimos años (presidente de Endesa, consejero de Telefónica, vicepresidente de la Bolsa de Madrid y consejero de Bolsas y Mercados Españoles) le impedirían opinar o tomar parte en las decisiones que adoptase el Gobierno sobre el sector energético, el de las telecomunicaciones o sobre el mercado español de valores durante todo el mandato. Así lo dicta la Ley 5/2006 que regula los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración en su artículo 7. La norma le impediría, por ejemplo, pronunciarse sobre algo tan habitual como las subidas de tarifas eléctricas, algo que puede revisarse cada tres meses.
