La Fiscalía y los ex ediles de Marbella negocian agilizar 70 casos urbanísticos
El pacto pasa por que los ex concejales del GIL acepten penas de prisión
La Fiscalía y las defensas de los ex concejales de Marbella del extinto GIL, inmersos en decenas de causas por conceder licencias ilegales de obras, inauguraron ayer el espíritu de Teatinos. Coincidiendo con el primer juicio contra los ex ediles celebrado en la recién inaugurada Ciudad de la Justicia de Málaga, ambas partes reconocieron que están negociando para "agilizar" las cerca de 70 causas pendientes que tienen los ediles, encabezados por el ex alcalde Julián Muñoz, por prevaricación urbanística. Algunas de estas causas se arrastran desde hace más de once años.
El pacto se limitaría en principio a las causas abiertas por la concesión de licencias ilegales y no afecta a otros delitos urbanísticos como la firma de convenios irregulares. En caso de alcanzarse el acuerdo, las defensas se conformerán con las penas solicitadas en cada causa individual por la Fiscalía -lo que evitaría celebrar una vista oral- y el ministerio público rebajará las peticiones de prisión a los ediles, que en cualquier caso sólo pueden ser de un máximo de 24 meses.
El artículo 76 del Código Penal establece que cuando una persona comete dos o más delitos entre los que existe conexión, el máximo tiempo de cumplimiento efectivo de las condenas "no podrá exceder del triple del tiempo por el que se le imponga la más grave de las penas en que haya incurrido". En este caso, al entender ahora la Fiscalía que hay relación entre las 70 causas por prevaricación urbanística y al estar penado este delito con un máximo de dos años de prisión, la mayor condena a la que se enfrentarían Muñoz y sus ex compañeros de corporación sería de seis años. Y esto tanto si se celebran vistas orales como si finalmente se alcanza un pacto. Fuentes del ministerio público aseguraron ayer que el posible acuerdo pasa por que los ediles acepten penas de prisión. "En las penas futuras no habrá posibilidad de suspensión o sustitución por multa. Las condenas de prisión son innegociables, lo que se negociará son los meses de cárcel", explicaron.
La negociación se inició a finales del pasado año a instancias de los abogados, que se pusieron en contacto con la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que dio luz verde a la fiscalía malagueña para continuar las conversaciones. El procedimiento que previsiblemente se seguirá consistirá en que en cada causa concreta, los letrados se reunirán con el fiscal que establecerá una pena para cada uno de los imputados y luego se someterá el acuerdo a la Fiscalía del TSJA.
Los abogados defensores se muestran muy satisfechos con el posible acuerdo. El letrado Pablo Luna calificó el pacto como una "pseudo-acumulación de los procedimientos", que era la estrategia preferida por las defensas para lograr una pena más ligera a sus representados. Las conversaciones, según Luna, "están en sus comienzos" y no van a desembocar en "un trato único e igualitario" para todos los ediles imputados.
"Es el comienzo de un gran pacto global"
La primera escenificación de que hay unas conversaciones en marcha para reducir tanto la carga procesal como las penas de los ex ediles imputados en delitos urbanísticos en Marbella se produjo ayer en el juicio contra el ex alcalde Julián Muñoz y otros siete ex concejales por la concesión de una licencia a la empresa Laelco Inversiones para construir 89 apartamentos y garajes en un suelo no urbanizable. En un gesto inédito hasta ahora en este tipo de casos, el fiscal coordinador de Medio Ambiente de Málaga, Juan Calvo-Rubio, redujo la petición de prisión para Muñoz y los ex ediles Rafael González y Marisa Alcalá de dos años a un año, y para los otros concejales, que no han sido condenados en firme hasta ahora, rebajó la petición de un año a seis meses de cárcel.
Además, el fiscal solicitó que para la ejecución de la pena a los primeros se les sustituyera por una multa de 30 euros diarios durante un año, es decir 10.800 euros, y al resto, que se suspenda la pena si durante los próximos tres años no vuelven a delinquir. Siete de los imputados aceptaron la pena solicitada por el fiscal. El otro, Javier Lendínez, no fue juzgado en la sesión de ayer al faltar su abogado por enfermedad.
Fuentes de la Fiscalía malagueña precisaron ayer que esta actuación "absolutamente excepcional" obedece al "ánimo de no obstruir el proceso de negociación abierto". El ministerio público hasta ahora se había negado a reducir sus peticiones y a sustituir las penas de prisión por multa en este tipo de casos urbanísticos.
Tras la breve vista oral de ayer en el juzgado de lo penal número 5, los ex concejales y, especialmente, los abogados defensores se mostraron exultantes. El abogado Pablo Luna aseguró que la pena atenuada lograda ayer era "el comienzo de un gran pacto global".
En cuanto a los plazos de la negociación, Luna indicó que la intención de las defensas es "tener la máxima celeridad en lo que nos afecta de aportación de datos y documentos" y apuntó que por parte de la Fiscalía "también es el deseo de que a la mayor brevedad posible esté resuelto el tema". Ambas partes esperan que las conversaciones estén finalizadas para principios de febrero, cuando se celebra el caso Belmonsa por la autorización, en 1997, de construir once plantas en un solar en el que sólo se podían levantar dos.
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