Quintana creará dos agencias para gestionar servicios y atender a los menores

El anteproyecto de ley de Vicepresidencia prevé cambios importantes en la contratación pública y gestión de los servicios sociales y abre nuevas vías para su financiación. Una de las novedades es que las empresas de este ámbito que sean sancionadas por cometer irregularidades podrán destinar el importe de las multas que se les impongan a mejorar los servicios que prestan. Quintana pretende con esta propuesta que "nadie vea en las sanciones un ánimo recaudatorio".

Vicepresidencia elude dar plazos para que las nuevas medidas entren en vigor, ya que el proceso obligará a aprobar un buen número de reglamentos. El objetivo es que el Parlamento le dé el visto bueno en este periodo de sesiones.

- Beneficiarios. Todos los ciudadanos de países miembros de la UE que estén empadronados en un ayuntamiento de Galicia tendrán derecho a acceder al sistema de bienestar de la Xunta cuando se acrediten "técnicamente" sus necesidades y carencias. Los gallegos residentes en el exterior sólo podrán beneficiarse del sistema cuando "les sirva de medio para su retorno definitivo", mientras que los inmigrantes empadronados en Galicia tendrán derecho a las prestaciones si están "en estado de necesidad o situación de emergencia social o humanitaria".

- Derechos. El proyecto reconoce el derecho de los gallegos a recibir "información de forma ágil, suficiente, veraz y en términos comprensibles" sobre los recursos sociales y a tener un asistente social que actúe como "interlocutor principal" en el acceso a las prestaciones y que "asegure la coherencia" del proceso. La norma de Vicepresidencia también otorga a los ciudadanos el derecho a "elegir libremente" las medidas y recursos de los que se beneficie y a disponer de una tarjeta de acreditación "personal e intransferible" para acceder al sistema.

- Gestión. Los servicios sociales y la atención a los menores se gestionarán a través de sendas agencias de nueva creación y adscritas a Vicepresidencia. La Axencia Galega de Servizos Sociais será una "entidad instrumental de derecho público" constituida para lograr un "aprovechamiento óptimo y la racionalización en el empleo de los recursos" y para promover convenios con entidades privadas. La Axencia Galega de Atención a Menores será la encargada de ejecutar las competencias de la Xunta en esta materia, incluida la gestión de los centros de menores. Ambas entidades, dice el anteproyecto, tendrán "autonomía en su gestión".

- Contrataciones. El borrador presentado ayer establece que los pliegos de condiciones para la licitación de contratos relacionados con servicios sociales podrán incluir "la preferencia en la adjudicación" a empresas que acrediten un 2% de trabajadores discapacitados. En este tipo de contrataciones, la Vicepresidencia de la Xunta podrá primar también a aquellas compañías "dedicadas específicamente a la promoción e inserción laboral de personas en situación de exclusión social" y a entidades sin ánimo de lucro.