Los propietarios de Urbancasa continuarán en prisión

Los dos responsables de la inmobiliaria donostiarra Urbancasa, en prisión por su presunta implicación en la venta fraudulenta de viviendas inexistentes, continuarán en la cárcel tras rechazar la Audiencia de Guipúzcoa el recurso presentado por ambos imputados contra su encarcelamiento.

El matrimonio formado por Angel Crespo y María Victoria Ferrer, que podría haber estafado 900.000 euros a una veintena de personas en Guipúzcoa y Navarra, abandonó las oficinas de la inmobiliaria en la calle Zubieta de San Sebastián en junio de 2007 y se hallaba en paradero desconocido hasta que en octubre pasado fueron detenidos cerca de Tortosa (Tarragona). Tras su captura, el Juzgado de Instrucción número 5 de San Sebastián -recientemente se ha inhibido en favor de un juzgado de Tudela porque fue el primero en incoar diligencias por esta estafa- decretó la prisión incondicional de la pareja, eludible bajo fianza de 400.000 euros.

Los abogados de los imputados recurrieron esta decisión ante el propio juzgado de instrucción, que confirmó su decisión de mantener en la cárcel al matrimonio y además retiró la posibilidad de eludir la prisión bajo fianza. La Sección Segunda de la Audiencia ha ratificado ahora en un auto esta decisión para "evitar el riesgo de fuga" de los imputados y que éstos intenten hacer desaparecer pruebas que les impliquen en el caso.

Para adoptar esta decisión, la Sala recuerda que los acusados "no pudieron ser hallados" cuando fueron requeridos por la justicia y que hicieron "caso omiso" a los avisos para que comparecieran en el juzgado.

Estafa inmobiliaria

Por otro lado, las personas presuntamente estafadas por una abogada de Irún a la que habrían entregado diversas cantidades de dinero para pujar por viviendas que iban a ser subastadas podrían superar ya la docena. Los hechos habrían ocurrido entre 2004 y 2005, período durante el que la letrada se habría dirigido a varios clientes con los que ya había trabajado en otros casos para ofrecerles la posibilidad de participar en las subastas de diferentes inmuebles.

Al parecer, estas viviendas, una de las cuales fue mostrada a varios interesados, eran ofertadas en cantidades muy ventajosas para que resultaran atractivas a los interesados. Fuentes judiciales han explicado que cuando las personas accedían a pujar por un inmueble determinado, la abogada presuntamente les pedía diferentes cuantías de dinero que supuestamente iba a consignar en la cuenta del juzgado. Con estas entregas, la abogada se habría apropiado de más de 400.000 euros.