España: claroscuros en inmigración

Dos son los rasgos destacados de la política de inmigración del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El primero ha sido la creación de un procedimiento de contratación en origen, en base a un catálogo de empleos de difícil cobertura. Sistema que se aplica ahora con rapidez en contrataciones realizadas por grandes empresas, pero que padece demoras que pueden ser de siete o doce meses en la tramitación del visado cuando el solicitante es un pequeño empresario. Demoras que continúan repitiéndose en numerosas provincias en las expediciones y renovaciones de documentos.

El endurecimiento del control de la inmigración irregular en el Estrecho de Gibraltar ha sido el otro gran rasgo de la política de inmigración de este Gobierno, lo que ha alejado los puntos de partida de los cayucos con dramáticas consecuencias.

Un inmigrante puede morir con uniforme español, pero no elegir al alcalde de su municipio Integración, para empezar, es evitar la segregación escolar con centros a los que sólo van extranjeros

Hay, además, otro hecho incuestionable: España ha pasado de tener 1.647.011 extranjeros con permiso de residencia en enero de 2004 a 3.740.956 a 30 de septiembre de 2007. Es decir, ésta habrá sido la legislatura en la que se ha producido el mayor incremento de extranjeros con permiso de residencia. Y simultáneamente se puede afirmar que hay ya cinco millones de extranjeros empadronados, lo que significará el 11% de la población.

Ante este evidente aumento del número de inmigrantes regularizados, el Gobierno ha actuado de manera vacilante, en ocasiones casi ocultando las cifras, para evitar que el PP le acusara de tener la puerta demasiado abierta, para luego declarar que la contratación en origen funciona a la perfección, mezclando datos de contratación para empleos estables con los de temporeros.

De la misma manera, siendo un hecho la generalización de las expulsiones de los senegaleses y otros africanos que llegan a Canarias, ante las críticas del PP por la llegada de más cayucos, el Gobierno en reiteradas ocasiones dio datos de expulsiones, devoluciones y denegaciones de entrada en las que mezclaba estos expulsados, con los de los rumanos a los que se impedía la entrada en La Junquera pero que más tarde entraban por otro puesto fronterizo.

Esta actitud dubitativa del Gobierno ha sido debida tanto a las críticas del PP y ciertos gobiernos europeos al proceso de regularización de 2005, que concedió permiso de trabajo a más de 575.000 extranjeros, como por el efecto mediático y la utilización política que hizo el PP de las situaciones vividas en Ceuta y Melilla en 2005 y del impacto de los cayucos llegados a Canarias.

La legislatura recién concluida comenzó con la aprobación del reglamento que desarrollaba la ley 14/2003 que modificaba de nuevo la 4/2000. Y, mientras en la anterior PP y PSOE pactaron dicha reforma, cuando el Gobierno socialista sondeó el reglamento el PP decidió rechazar el consenso. Y el reglamento creó el catálogo de empleos de difícil cobertura que facilitaría la contratación en origen.

El catálogo provincial de difícil cobertura es un listado trimestral de empleos en el que están aquellos que demandan extranjeros. Y fija un procedimiento de contratación, complementario al cupo, por el que aquel que desea contratar a un inmigrante que se encuentra en el extranjero para un empleo recogido en dicho catálogo, tras presentar la solicitud, su expediente es aprobado sin ser necesario que se certifique que para dicho empleo no hay españoles en paro, por lo que sólo queda pendiente la expedición del visado. Inicialmente, el sistema fue rápido y también fue usado para regularizarse por decenas de miles de extranjeros que no habían podido acogerse a la regularización de 2005, los cuales regresaban a su país para tramitar el visado. Pero al año de la puesta en práctica de este sistema, la mayoría de consulados empezaron a tardar cinco o diez meses en tramitar los visados. En cambio, las grandes empresas y sindicatos agrarios no han sido afectados por estas demoras y consiguen traerse rápidamente los trabajadores que precisan.

Esta demora no tiene otra explicación que la voluntad de frenar el caudal de inmigrantes, lo cual tiene el efecto de que puede ser más práctico dar empleo a un rumano o búlgaro sin permiso de trabajo -o intentar regularizar por arraigo a un irregular si éste ya lleva tres años en España- que esperar nueve meses un visado.

La caída de la natalidad, el crecimiento económico vivido estos años y la imparable demanda de mano de obra para el cuidado de ancianos han sido el efecto llamada para esta llegada de más inmigrantes, al igual que ocurría cuando sólo eran el 2% de la población. Pero persiste la creencia de que cuando se produzca una recesión, como ocurre ahora en el sector de la construcción, cientos de miles deberán marchar. Sin embargo, estas demoras en la concesión de visados, o las dificultades que tienen los reagrupados para conseguir el permiso de trabajo, provocan el efecto contrario. Generan que muchos empresarios que desean solucionar la falta de mano de obra se sirvan de nuevos irregulares, empleen en la economía sumergida a ciudadanos rumanos o a reagrupados que carecen de permiso de trabajo. No es ningún secreto que cientos de miles de mujeres latinas irregulares o reagrupadas sin permiso de trabajo, trabajan en la asistencia de ancianos, sector que demanda más y más personal.

Por lo que respecta al otro pilar de la política de inmigración, el control del Estrecho, ahora con la ayuda de la Unión Europea y el programa FRONTEX, su valoración es más compleja y no únicamente por el incremento de víctimas en el Atlántico. El Gobierno está vinculando la cooperación al desarrollo de los países subsaharianos con la aceptación de las repatriaciones de irregulares y con la promesa de que se van a dar fondos para formación y se crearán cauces de inmigración legal. Pero de poco sirve dar formación, si luego ese flujo legal es sólo de un millar de senegaleses o de varios cientos de ciudadanos de Ghana al año. Sin la ayuda de las remesas de los inmigrantes que permitirán el desarrollo de proyectos de los que se quedan, la formación sirve de muy poco.

Y por lo que respecta a Marruecos, este país asumió la parte más inhumana del reforzamiento de los muros de Ceuta y Melilla a cambio del apoyo de España a las tesis marroquíes sobre el Sáhara. Una vez reforzadas las vallas, Marruecos, pese a no reconocer formalmente dichas fronteras, las hizo efectivas de la única manera que un muro es disuasorio: disparando a quienes pretendían saltarlo.

Resalté antes la rapidez con la que España ha alcanzado los cuatro millones de extranjeros con permiso de residencia. Cifra que seguirá creciendo por más que la construcción experimente una recesión. Y ello porque esta recesión no se da en los otros sectores económicos y por la imparable demanda de mano de obra para el cuidado de ancianos. Esto exige ya el desarrollo de políticas de integración. Integración, para empezar, es evitar la segregación escolar con centros a los que sólo van extranjeros. Ciertamente, el Gobierno ha lanzado un ambicioso Plan de Integración, pero muchas de sus competencias están repartidas entre comunidades autónomas y ayuntamientos.

Lo que tendría un efecto inmediato sería abordar en la próxima legislatura el derecho de voto de los inmigrantes en las elecciones municipales. Algo que PSOE e Izquierda Unida-Iniciativa pactaron, pero de lo que el PSOE renegó después. No se comprende que un inmigrante pueda morir con uniforme español en Afganistán, pero no pueda elegir al alcalde de su municipio. Y esta segregación de derechos puede tener efectos perversos a la hora de distribuir recursos entre los barrios donde residen los votantes y aquellos donde residen los extranjeros que pagan impuestos pero no votan.

La próxima legislatura debería también reformar la Ley de Extranjería, tanto por la sentencia del Constitucional que ha anulado aspectos de la ley 8/2000, como por directivas comunitarias. Por ello es importante que durante la campaña electoral no se haga demagogia y se aborden cuestiones como las de los subsaharianos que no pueden regularizarse por arraigo al tener una orden de expulsión -tal vez se planteará una nueva regularización-, o se asuma acabar con las trabas burocráticas para facilitar permiso de trabajo a los reagrupados y para tramitar los visados. Mientras estas trabas persistan se alentará a la inmigración irregular y la economía sumergida.

Xavier Rius Sant es periodista y autor del Libro de la Inmigración en España.