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La lucha contra el terrorismo

Contra las dudas, transparencia

El Gobierno, a favor de grabar en vídeo el paso por comisarías de sospechosos de terrorismo - Magistrados de la Audiencia Nacional ya lo han ordenado

Los exámenes médicos que los forenses de los juzgados realizan a diario a los detenidos, bajo aplicación de la legislación antiterrorista, no están evitando las denuncias de torturas y malos tratos ni el asentamiento de la sospecha, extendida en Euskadi, de que esos abusos siguen practicándose al amparo de la opacidad que conlleva la incomunicación de los arrestados. La duda, alimentada con denuncias periódicas, deslegitima al Estado, refuerza las posiciones de ETA y mina el combate político contra el terrorismo.

"El Estado debe velar por su imagen", afirma el portavoz del Poder Judicial

Forenses, jueces y fiscales niegan en bloque la práctica regular de torturas

"Las denuncias se investigan. Hay que confiar en la justicia", dice el CGPJ

En esta legislatura ha habido 145 quejas por maltrato, casi todas sin pruebas

La banda insta a sus miembros a decir siempre que han sido torturados

Hay quien ve lícita cierta presión en los interrogatorios para obtener información

El Gobierno tiene claro que "no se trata de combatir a ETA a cualquier precio"

Para acotar el problema e impedir la posibilidad de esas prácticas, varios magistrados de la Audiencia Nacional han optado, a título particular, por aplicar protocolos de comportamiento policial que incluyen la filmación íntegra de la estancia de los sospechosos de terrorismo en dependencias policiales. La generalización de esas medidas -discutida, aunque sin acuerdo, en una reciente Junta de Jueces Centrales- cuenta con el respaldo del Gobierno, según el secretario de Estado para Seguridad, Antonio Camacho: "Estamos estudiando aplicar esos mecanismos de transparencia con carácter permanente".

"Diga lo que diga el ministro de turno, nieguen lo que nieguen los agentes implicados, sentencien lo que sentencien los jueces, en la conciencia de buena parte de los ciudadanos queda la convicción de que es cierto lo que todos los años denuncia Amnistía Internacional, porque así lo ampara y lo propicia la opacidad de la incomunicación". El párrafo es del editorial del diario Noticias de Guipuzkoa del 8 de enero, titulado, paradójicamente, Sólo vale la verdad. Condensa bien una opinión asentada en Euskadi, más allá, incluso, del ámbito nacionalista.

Puede decirse que el Estado, la democracia, la idea de España y la lucha antiterrorista tienen un problema en la escurridiza verdad sobre el alcance real de las prácticas de torturas o malos tratos. Ese problema es la duda que, a menudo, corroe a los ciudadanos vascos de bien; la certeza, interesada o no, que sirve de coartada para la deslegitimación del Estado y de gasolina que inflama el odio, el victimismo y la perpetuación del asesinato en grupo.

Pese al revuelo de estos últimos días, los recientes casos de Igor Portu y Mattin Sarasola (en cuyo relato el juez Fernando Grande-Marlaska ha visto coincidencias) no son los más ilustrativos, ya que se dispone de datos objetivos: las lesiones durante o tras el arresto policial, que, a despecho de quienes creerán siempre en la perversión encadenada de policías, médicos forenses, abogados de oficio, fiscales y jueces, deben permitir delimitar los hechos, los espacios y los tiempos y establecer la verdad judicial.

El problema está más bien en los espeluznantes testimonios de torturas que, de la mano de medios de comunicación afines a ETA, estallan periódicamente ante la opinión pública vasca con un efecto devastador y ante el silencio de los poderes públicos. Un ciudadano medianamente sensible sólo puede estremecerse ante los relatos que se prodigan en el diario Gara. ¿Qué puede pensar si, además, las instituciones vascas, los dirigentes nacionalistas y algún obispo dan carta de naturaleza a la existencia de la tortura?

He aquí lo denunciado por Gorka Lupiáñez, presunto liberado de ETA detenido en Berriz (Vizcaya) el 7 de diciembre. "Me dieron una paliza, sobre todo golpes en los testículos (...) Uno de ellos montó la pistola y me la puso en la cabeza (...) Me ponían una bolsa en la cabeza y metían dentro de ella humo de tabaco. Me la cerraban hasta provocarme asfixia (...) Me ponían una manta doblada sobre el cuerpo y me daban puñetazos a través de ella (...) Me ataron en un colchón de espuma y me metieron la cabeza en agua helada (...) Me echaban agua con una manguera, en la boca y la nariz (...) Uno me ató los testículos con una cuerda y se puso a estirar. En un momento, empecé a sangrar del pene (...) Me tumbaron en el suelo boca arriba, me sujetaron, me levantaron las piernas, y en esa posición, me metieron un palo por el culo".

¿Violado con un palo en dependencias policiales? Cualquier médico forense responderá con celeridad que es imposible que eso pueda ocurrir sin ser detectado en los reconocimientos que se les practican a diario a los detenidos bajo la legislación antiterrorista. En su denuncia, el mismo Lupiáñez cubre este flanco con una explicación que puede resultar chocante: "La médica me veía todos los días, pero cuando me preguntó por el trato recibido y por cómo estaba, no le conté nada. Tenía miedo". Lupiáñez viene a decir que el miedo le llevó a renunciar a la vía que podía acabar con sus sufrimientos y sus temores.

La imputación de la violación es tan bárbara y sus implicaciones y efectos tan graves que no deberían dejar lugar al silencio o a la inacción de los poderes públicos. El ciudadano de buena fe necesita del amparo inmediato del Estado porque éste es uno de esos dilemas de urgente resolución en los que sólo cabe una verdad brutal o una mentira infame orquestada. Si Lupiáñez fue violado en dependencias de la Guardia Civil, los agentes implicados por acción y omisión deberían ser duramente castigados; si Lupiáñez miente, entonces los poderes públicos no deberían permitir que sus calumnias sirvan de combustible para deslegitimar a las fuerzas de seguridad, incendiar la convivencia y facilitar la regeneración de ETA.

"Aunque no se pueden descartar casos aislados, la tortura está abolida en España. La incomunicación de los sospechosos de terrorismo permite mayor control judicial porque su detención tiene que ser comunicada inmediatamente al juez. Cuando son trasladados a la Audiencia Nacional son examinados por otro forense y se les señala un abogado de oficio, privado, no uno del Estado. Las denuncias se investigan. Hay que tener confianza en la justicia y en la profesionalidad de los cuerpos policiales", subraya Enrique López, portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

De poco sirve, sin embargo, que, pasado el tiempo, los tribunales archiven el caso por falta de pruebas (como ha ocurrido en casi todas las 145 denuncias interpuestas esta legislatura por detenidos por relación con ETA), si el incendio ya se ha desatado. En Euskadi, la existencia de torturas es una verdad prácticamente institucionalizada, alimentada con los reproches periódicos de Amnistía Internacional o del relator de Derechos Humanos de la ONU, una verdad oficiosa que lleva al consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, a proclamar su desconfianza en los ministros del Interior y las fuerzas de seguridad españoles.

Contra lo que cabría deducir a partir de las críticas vertidas estos días atrás, tampoco la Ertzaintza está libre de las denuncias. El propio Lupiáñez, que en 2002 visitó el cuartel de la Ertzaintza en Arkaute (Álava) y la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en Bilbao como sospechoso de apoyar a ETA, acusaciones de las que fue absuelto por la Audiencia Nacional, denunció a la policía autonómica vasca con un relato igualmente escalofriante.

El hoy presunto liberado (fichado y a sueldo de ETA) del comando Vizcaya tenía entonces 22 años y debía ser más influenciable porque en su testimonio calificaba los supuestos insultos de sus interrogadores como "muy aterradores" y denunciaba que en Arkaute había una "música tétrica muy alta" que le produjo "mucho miedo". Tras declararse víctima de brutales torturas físicas y psicológicas, indicaba: "Todo ello, como es lógico, ha influido en mi vida personal creándome un sentimiento de inseguridad".

Aceptado que, como consta en documentos incautados, la dirección de ETA cursa instrucciones a sus militantes para que denuncien sistemáticamente torturas, y admitido que las penas por perjurio son una minucia frente a las condenas por terrorismo, no se pueden ignorar los efectos abrasadores que estas versiones producen en el universo cerrado de Batasuna-ETA, en los jóvenes que se inician en la contestación política y que adquieren así la reacción refleja de adhesión a una violencia que combate a un Estado para ellos deslegitimado.

No se puede ignorar que el terrorismo persigue con ahínco que la ciudadanía vasca se sienta atrapada en la falsa contradicción entre terrorismo y tortura, entre eficacia policial y vulneración de la ley. Porque la tortura es su bandera permanente, un campo de confrontación psicológica en el que descalificar al enemigo para equipararse con él, legitimarse en el espacio político y camuflar su indecencia moral. La lucha antiterrorista no puede permitirse la existencia de un agujero negro de semejantes dimensiones, salvo que se crea que ese combate carece de valores y que sólo consiste en la persecución y detención de los activistas.

"El hecho de que la detención de etarras cobre dimensión política no tiene trascendencia para los jueces, porque su cometido es investigar los hechos. Es al Estado, sobre todo, al que corresponde velar por su imagen y defenderse de las calumnias", señala el portavoz del CGPJ.

Según el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, ésa no es una tarea fácil. "Podemos perseguir las campañas de calumnias, pero en el caso de las denuncias sólo podemos actuar si el auto de sobreseimiento conlleva la declaración expresa del juez de que el denunciante ha incurrido en falsedad. Puede haber existido un delito que no ha sido acreditado", afirma. Aunque forenses, fiscales y jueces niegan en bloque la práctica regular de la tortura -salvo que se les demuestre lo contrario, lo más que aceptan son posibles vejaciones, amenazas o, excepcionalmente, sevicias (trato cruel) a los detenidos-, puede existir una verdad no judicial, perdida en un relato de difícil recomposición porque casi siempre faltan trozos perdidos en el período de incomunicación de cinco días.

Las quejas de Amnistía Internacional, organismo que no avala la tesis de que en España la tortura sea una práctica corriente, van en esa dirección, en la convicción de que la opacidad permite abusos que no siempre pueden ser acreditados ante los tribunales. La tortura conocida como la bolsa (cubrir la cabeza del detenido con una bolsa de plástico para impedirle respirar), por ejemplo, no deja huellas físicas, aunque sí secuelas psicológicas. Y conviene tener en cuenta que, aunque las reacciones de las personas ante un mismo trauma pueden ser muy dispares, el arresto y la incomunicación colocan generalmente a los detenidos bajo el síndrome de Estocolmo policial, en una situación anímica muy frágil.

Lo dice un médico forense con una larga trayectoria en combatir los abusos. "En las circunstancias en las que se halla, angustiado y temeroso por lo que se le viene encima, el detenido por graves delitos puede percibir una amenaza o un pequeño golpe como un dolor insoportable y guardar un recuerdo tremendo de esa experiencia". ¿Cuánto hay de testimonio sincero y cuánto de impostura derivada de la necesidad de justificar la debilidad de haber cantado en comisaría o inducida por quienes orientan interesadamente las denuncias de los detenidos de ETA? Lo que está claro es que los interrogadores no consienten que el detenido se haga el gallito en su presencia, buscan minar su moral, situarle ante su culpa, ahondar en su incertidumbre.

Establecido que la policía tiene el deber de indagar las tramas y los planes de las organizaciones terroristas, dado que, como acaba de verse esta semana, de sus averiguaciones depende que se puedan localizar armas y explosivos y evitar futuras masacres, ¿dónde está el límite que marca el paso de una presión legal a una presión ilegal? "Debe hacerse un uso racional de la presión, pero sin violentar los derechos fundamentales del detenido. Tolerancia cero contra la tortura", subraya Enrique López. "Un uso racional de la presión significa que tiene que tener razón de ser, como, por ejemplo, descubrir un zulo, pero no puede haber coacción, ni maltrato", añade. Es un terreno espinoso y resbaladizo. Mientras unos opinan que en aras de ese objetivo superior de salvar vidas es bien lícito el ejercicio de una cierta presión que puede incluir, ocasionalmente, una trampa psicológica, un empujón o un insulto, otros se atienen al derecho a no declarar que asiste a todos los detenidos, también a los sospechosos de actividades terroristas, y juzgan repudiable cualquier vejación, por mínima que ésta sea, incluso llamarle asesino al asesino y situarle ante sus crímenes.

Pero lo que parece claro es que la lucha antiterrorista, entendida en su sentido amplio, tiene un problema y que es necesario alumbrar las zonas opacas para que se reduzca la posibilidad de las prácticas abusivas y se disuelvan, en lo posible, las falsas denuncias y las sospechas. Grabar y filmar los interrogatorios a los detenidos y su estancia en dependencias policiales -sistema que aplican ya los juzgados de Instrucción número 1 (Santiago Pedraz), número 5 (Baltasar Garzón) y número 4 (Fernando Andreu) de la Audiencia Nacional y que emplea ocasionalmente la Ertzaintza-, y permitir la presencia de un médico de confianza del arrestado puede ser una buena medida para acotar el espacio de la duda.

El asunto fue debatido hace unos meses en una Junta de Jueces Centrales, pero no se llegó a un acuerdo porque, entre otras consideraciones, algunos magistrados vieron ahí un gesto gratuito de desconfianza hacia los policías que "soportan la amenaza terrorista con una entereza y profesionalidad encomiable" y hacia los médicos forenses. Otro problema es que estos protocolos de trabajo, propuestos por el Comité de Prevención de la Tortura europeo, son más engorrosos, no están previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal española e implican dotar de medios de grabación a las instalaciones policiales.

El magistrado del Tribunal Supremo Joaquín Giménez, que a lo largo de 17 años presidió, sucesivamente, la Audiencia de Guipúzcoa y la de Vizcaya, cree conveniente aplicar esos protocolos. "No debería haber nada que ocultar. La luz y taquígrafos actúa en defensa de los cuerpos policiales. Aunque los terroristas son delincuentes excepcionales, el sistema debe actuar con la mínima excepcionalidad", opina. En una línea similar, el juez Garzón defiende que los sospechosos de terrorismo dispongan del mismo tratamiento y derechos que el resto de los delincuentes. Su auto del 19 de diciembre por el que decretó la incomunicación de la dirigente de Batasuna María Jesús Fullaondo incluye el requerimiento a la Brigada Provincial de Información para que "se proceda a la grabación en soporte DVD o vídeos" de la estancia de la arrestada en las dependencias policiales. Garzón ordenó igualmente a la policía que le diera cuenta "cada 12 horas y siempre que fuera necesario" de cualquier incidencia que se produjera durante el período de incomunicación, al tiempo que autorizaba a la detenida a ser examinada por médicos de su elección. Cursó también instrucciones para que el forense adscrito a su juzgado visitara a la arrestada "cada ocho horas máximo y siempre que sea necesario".

El secretario de Estado de Seguridad anuncia que el Gobierno respalda estas iniciativas judiciales. "El Ejecutivo valora positivamente ésta y otras propuestas tendentes a garantizar la mayor transparencia en el ámbito de las detenciones de sospechosos por terrorismo", afirma. "Estamos estudiando aplicar estos mecanismos con carácter permanente, a medida de que lo soliciten los jueces", sostiene, tras apuntar que en ningún otro país del ámbito europeo se han adoptado hasta ahora sistemas semejantes. "Tenemos claro que no se trata de combatir al terrorismo a cualquier precio y que la eficacia en la lucha contra ETA exige un respeto escrupuloso de los derechos y garantías de los detenidos".

También Javier Zaragoza se muestra convencido de que algún día habrá que llegar a un protocolo común. Pero el asunto suscita reservas. "Primero, hay que ver si merece la pena aplicar una medida general para combatir lo que, en todo caso, serían excepciones", indica el portavoz del CGPJ. "¿Hablamos de grabaciones aleatorias o de permanentes? Habría que estudiarlo con mucha seriedad y sosiego en la Comisión Nacional de Policía Judicial, donde están representadas las distintas policías, el CGPJ y el Gobierno. Yo no estoy seguro de que debamos hacerlo, pero soy partidario de que se abra ese debate", afirma Enrique López. Que se abra si contribuye a acabar con el agujero negro de la política antiterrorista.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 14 de enero de 2008