La Guardia Civil entrega a la fiscalía los últimos datos para ilegalizar ANV y PCTV

La posible ilegalización de las formaciones radicales vascas PCTV y ANV parece avanzar inexorablemente. La fiscalía acumula los últimos datos para instar en breve la ilegalización, por un lado, y la suspensión de actividades, por otro, del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV, o EHAK en sus siglas vascas) y de Acción Nacionalista Vasca (ANV), por considerar que ambas formaciones políticas son sucesoras de Batasuna y están instrumentalizadas y sirven al proyecto de ETA, según informaron fuentes jurídicas.

Ayer, efectivos de la Guardia Civil entregaron a la fiscalía un informe de unos 300 folios con datos sobre relaciones contables existentes entre miembros de Batasuna y dirigentes de PCTV para presentarlos en el proceso contencioso administrativo que se sigue en el Tribunal Supremo y que deparará previsiblemente la petición de ilegalización de este partido.

Dos informes ven lazos económicos entre Batasuna y los partidos 'abertzales'

De la Vega: "No hay novedad. El Gobierno está haciendo un seguimiento atento"

Los datos han sido obtenidos de entidades bancarias y vienen a confirmar que responsables de Batasuna como Joseba Permach o Marije Fullaondo estaban a sueldo del PCTV. Así figura en documentos que fueron incautados, tras la detención de la mayor parte de la Mesa Nacional de Batasuna, en el registro en un local de Usurbil (Guipúzcoa) utilizado por el partido ilegal.

El propio juez Baltasar Garzón ya explicó lo siguiente en el auto por el que envió a prisión a Fullaondo: "Ha quedado indiciariamente acreditada, no sólo su calidad de miembro de la Mesa Nacional de Batasuna, sino su vinculación con EHAK (Partido Comunista de las Tierras Vascas), del que percibe nómina de sueldo, y con ANV, a la hora de recibir la información o rendición de cuentas por parte de responsables de esta formación política, lo cual será objeto de análisis más profundo en su momento". Garzón anticipaba ya su intención de proceder previsiblemente primero contra EHAK y después contra ANV.

Al mismo tiempo, la fiscalía de la Audiencia Nacional recibió otro informe elaborado por la Guardia Civil con datos procedentes de la Agencia Tributaria sobre los posibles vínculos económicos entre dirigentes de ANV y Batasuna. Fuentes que conocen estos datos aseguraron ayer que por sí solos los mismos no son concluyentes. Este documento previsiblemente será presentado al juez Baltasar Garzón en el sumario que tiene abierto sobre ANV, y que está declarado secreto.

No obstante, éste no es el informe elaborado de forma conjunta por la Unidad Central de Inteligencia de la Policía y por el Servicio de Información de la Guardia Civil que había reclamado Garzón sobre las posibles vinculaciones entre Batasuna y los partidos para los que solicitó posteriormente su voto cuando fueron declaradas ilegales sus candidaturas. Fuentes policiales aseguraron ayer que el citado dossier es muy complejo, no se ha concluido todavía y está en la última fase de su elaboración, por lo que podría estar acabado en dos semanas.

A partir de ese momento, se presentaría en el juzgado de Garzón y la fiscalía instaría la suspensión de actividades de ANV por un máximo de 5 años, por aplicación del artículo 129 del Código Penal. Garzón ya decretó en agosto de 2002 la suspensión de actividades de Batasuna y de las otras denominaciones que la formación independentista tenía en el pasado: Herri Batasuna y Euskal Herritarrok.

El magistrado advertía de que no se trataba "de suspender las actividades de un partido político para privar a los ciudadanos de un medio de expresión (libertad de expresión), o de participación democrática (libertad ideológica), sino que es ese mismo grupo el que, a través de sus responsables, quebrantando las normas que permiten su existencia legal, violenta a los propios ciudadanos, situándose fuera de la ley, privándoles del ejercicio de aquellos derechos; y, esa situación, debe ser así declarada, y desde luego no consentida, porque su sostenimiento perjudica y agrede a todos los demás y al ordenamiento jurídico".

La suspensión de actividades orgánicas, públicas, privadas e institucionales supone de hecho la revocación de la capacidad de participar como partido, organización o grupo en cualquier actividad o ámbito nacional o internacional, público o privado o institucional; la congelación de la capacidad de convocar manifestaciones, concentraciones, caravanas o cualquier acto público o de asistir a los mismos; y la suspensión de la capacidad para efectuar cualquier tipo de actividades propagandísticas, instalación de signos, utilización de espacios y de elementos identificativos del partido en cuestión.

Fuentes jurídicas destacaron ayer que aunque ambos procesos, suspensión de actividades e ilegalización son paralelos e independientes, el que realice el juez Garzón será más rápido que el que tramite el Tribunal Supremo, por medio de la sala especial prevista en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En todo caso, la maquinaria ha echado a andar y todo se planteará antes de fin de mes.

Pese a que todos los indicios apuntan a que la ilegalización de ANV y del PCTV está al caer el Gobierno asegura que no hay ninguna novedad y que "siguen trabajando". En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, afirmó que "no hay ninguna novedad en esta cuestión". "Saben que el Gobierno está haciendo un seguimiento muy atento de esta situación, desde el punto de vista del rigor y la profesionalidad, y desde el punto de vista de quién es competente para hacer la investigación correspondiente", se limitó a responder al ser preguntada por el informe de la Guardia Civil.