Mujeres asesinadas

La Ley Integral contra la Violencia de Género ha tenido la virtud en sus tres años de vigencia de resaltar la gravedad del riesgo que amenaza a muchas mujeres en sus relaciones de pareja y la dificultad de hacerle frente. La justificación de la ley es proteger eficazmente a las mujeres frente a ese riesgo y evitar su muerte a manos de su pareja o ex pareja despechada, ofuscada o resentida. Con los datos del año que termina no puede decirse que la ley haya alcanzado sus objetivos: 71 casos confirmados de mujeres muertas por causa de la violencia machista y cuatro más todavía sin aclarar, más que en 2006 (68) y que en 2005 (58).

Cada vez son más las mujeres que denuncian, un dato positivo que coexiste con otro que no lo es: una buena parte de las mujeres asesinadas no habían denunciado su situación. En 2007, sólo un tercio de las víctimas había dado ese paso, lo que prueba que sigue habiendo una enorme bolsa de maltrato oculto. Un dato llamativo es que no pocas muertes se producen extramuros de los mecanismos de vigilancia y protección previstos legalmente para evitarlas. Aumenta también cada año el número de las medidas de protección judicial, pero la realidad es que las mujeres asesinadas carecen de ellas; así lo demuestra que apenas el 20% de las víctimas de 2007 las tuvieran. Un objetivo básico de la ley es que esa situación aflore para tratar de prevenirla.

En esa aparente contradicción entre las grandes cifras de la ley -300.000 procedimientos judiciales iniciados, 71.000 órdenes de protección, 40.000 juicios celebrados y 50.000 agresores condena-dos- y la persistencia de las muertes desempeña un papel relevante el comportamiento machista enraizado todavía en determinados colectivos sociales. Las mujeres inmigrantes tienen seis veces más probabilidades de morir a manos de su pareja que las nacidas en España, por las más acusadas condiciones de dependencia y sumisión marital en que viven. Un 40% de las mujeres asesinadas en 2007 son extranjeras, la mayoría latinoamericanas. La violencia machista tiene una dimensión cultural, o mejor de falta de cultura, pero es un problema político y social que puede y debe ser resuelto con los medios arbitrados desde la política -judiciales, sociales y educativos- y con el rechazo frontal de la población.