365 días tras una muerte en el trabajo

Tomás de Haro Canales murió, con 46 años, el 30 de diciembre de 2006 en accidente laboral. Un año después, la responsabilidad penal y, por ende, la civil del accidente sigue pendiente. Su viuda y sus dos hijos siguen sin recibir indemnización alguna.

Tras un año para la instrucción y la práctica de pruebas pedidas por la Fiscalía, el juicio se ha fijado para el próximo 24 de enero. Si hay condena, el caso podría cerrarse, pero si se abre la vía civil habrá que esperar aún varios años. Es la dinámica en la que se mueven las familias de víctimas de accidentes laborales.

Tomás de Haro, vecino de Linares, era conductor de una empresa de transportes que trabajaba para la firma Seur. El siniestro tuvo lugar en el interior de la empresa, cuando el conductor de una carretilla elevadora lo atropelló empotrándolo contra su propio camión. Murió en el acto. Pocos días después, la policía puso a disposición del juez a dos empleados por un presunto delito de homicidio por imprudencia.

El principal acusado es un ciudadano senegalés, M. M., de 28 años, quién conducía el montacargas mecánico, a pesar de que no tenía permiso ni capacitación para manejarlo. Sólo estaba contratado como mozo de paquetería. El segundo imputado es C. J. G. J., de 20 años, que era el conductor habitual de la carretilla elevadora y que, según el informe de la Fiscalía, estaba enseñando a M. M. el manejo de la maquinaria cuando se produjo el siniestro.

Al parecer, el mozo de paquetería perdió el control del vehículo, probablemente, debido a su falta de pericia, y arrolló a Tomás de Haro, que se encontraba ajustando las correas de sujeción del toldo de su camión, una vez acabada su jornada laboral. Para la imputación de los dos empleados, que están en libertad con cargos, fue determinante el vídeo de las cámaras de seguridad.

Aunque la instrucción fue rápida -poco más de tres meses-, el caso embarrancó en mayo al pedir la Fiscalía un nuevo informe de la Inspección de Trabajo al entender que al anterior le faltaban varias diligencias. Además, el fiscal pidió que se tomara declaración a dos testigos del accidente. Tanto el nuevo informe de la Inspección como las pruebas testificales se practicaron antes del mes de julio, pero el Juzgado no las recibió hasta septiembre.

Finalmente, el 3 de octubre el Ministerio Fiscal emitió escrito de acusación imputando a los dos acusados el delito de homicidio en grado de imprudencia y pidiendo para ellos un año y seis meses de prisión y una fianza de 260.000 euros, extensible a Red Transjaén, SL, (empresa de mensajería), Herramienta Jiennense (arrendadora de la carretilla elevadora) y a Santa Lucía, SA, (aseguradora de la carretilla). La acusación particular pide para cada uno de los dos imputados tres años de prisión. La defensa solicita la libre absolución de sus defendidos.