El Consell pide al Gobierno que mire hacia otro lado en el derecho foral

El vicepresidente político del Consell, Vicente Rambla, pidió ayer al Gobierno central que "haga una acción de omisión" y no ponga obstáculos a la ley de Régimen Económico Matrimonial Valenciano, con la que la Generalitat pretende empezar a recuperar el derecho civil valenciano. Esta ley, que entrará en vigor el próximo 25 de abril, es la primera con la que el Consell pretende recuperar, actualizado, el derecho foral valenciano derogado por el decreto de Nueva Planta en 1707.

La ley de Régimen Económico Matrimonial Valenciano, que generalizará la separación de bienes en detrimento del régimen de gananciales e introducira nuevos derechos y obligaciones en la unidad familiar, ha sido recurrida en sus principales artículos por el Gobierno.

El Ejecutivo que preside José Luis Rodríguez Zapatero considera que la Comunidad Valenciana no puede legislar sobre un derecho civil propio que no estaba compilado antes de la aprobación de la Constitución, texto que tampoco incluye ninguna referencia al derecho foral valenciano.

El Consell, por su parte, recalca que la recuperación del derecho foral valenciano está prevista en el nuevo Estatut. En función del Estatut, el Consell elaboró y las Cortes Valencianas aprobaron (con apoyo de PP y Esquerra Unida) la ley de Régimen Ecónómico Matrimonial Valenciano. Así, el Gobierno valenciano, que preside Francisco Camps, prende usar el Estatut para estirar la Constitución, una fórmula que también se quiere ensayar en otros Estatutos.

Rambla reconoció ayer que se trata de un conflicto con el Gobierno central "con un componente jurídico y técnico, pero también claramente político".

"En otras comunidades autónomas sí se puede tener ese régimen económico matrimonial ¿por qué esta no puede?" se interrogó el vicepresidente político, que insistió en que se trata de una ley aprobada por las Cortes Valencianas que tiene su origen en el Estatut.

Rambla aseguró suscribir hasta la última coma del argumentario del consejero de Gobernación, Serafín Castellano, responsable de la ley de Régimen Económico Matrimonial Valenciano. Sin embargo, tuvo cuidado de matizar sus palabras al ser advertido de que el discurso del Consell coincide en parte con el de partidos soberanistas, que consideran que los Estatutos son una buena fórmula para sortear las restricciones que tiene la Constitución.

El Consell inició ayer una campaña publicitaria destinada a divulgar el contenido de la ley con la que se pretende iniciar la recuperación del derecho civil valenciano, haciendo caso omiso del recurso ante el Tribunal Constitucional.

Por su parte, el delegado del Gobierno, Antoni Bernabé, intentó ayer quitar hierro a la polémica y aseguró: "El PP busca una nueva confrontación en un tema puramente jurídico".

Bernabé argumentó que la Generalitat ya tenía informes en los que se advertía de la inconstitucionalidad de determinadas competencias que ahora se pretenden asumir con la ley de Régimen Económico Matrimonial Valenciano.

Antoni Such, uno de los ponentes socialistas del Estatut y actual secretario segundo de la Mesa de las Cortes, aseguró ayer que el jefe del Consell, Francisco Camps, "no tuvo agallas para detener la presentación de la ley aun sabiendo que ésta era inconstitucional".

"Ya sabían que chocaba con la Constitución española", manifestó Such a la agencia Efe. El diputado socialista argumentó que, además, es una ley que atenta contra la igualdad y los derechos de hombres y mujeres al recoger elementos y situaciones "propias del siglo XVIII en vez de avanzar en los derechos actuales".

"El Gobierno de Camps no está legitimado para atacar la Constitución española con una ley cutre y mal planteada, que lo único que pretende es gastar el dinero de los valencianos en apoyar un ataque a la Constitución", afirmó Antoni Such. El socialista cree que la ley "pone al lado de Camps a los independentistas que atacan la constitucionalidad".