La empresa Druckguss inicia las gestiones para liquidar la sociedad

La dirección de Druckguss Ibérica ha solicitado al juzgado de lo mercantil número dos de Bilbao que autorice un concurso de acreedores para liquidar la sociedad. La empresa de Igorre (Vizcaya), que se dedica a hacer piezas para automoción, decretó el cierre patronal el día 2 de octubre, durante la celebración de una huelga legalmente comunicada. El juez todavía no ha dictado el auto autorizando el concurso o denegando una petición que deja en el aire el empleo de unos 50 trabajadores.

Tanto la Inspección de Trabajo como el departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno vasco, han calificado de "ilegal" el cierre de la empresa. La Inspección remitió además en octubre a la Fiscalía la actuación del empresario, José Antonio Iturrioz, por si pudiera ser constitutiva de delito penal.

"La Justicia es muy lenta cuando se trata de que paguen a los trabajadores", se queja Maria José Novoa, una de las huelguistas que lleva ya 88 días en una chabola instalada a la entrada de la fábrica.

Más de 30 trabajadores que secundan la huelga, de una plantilla de 50, llevan casi tres meses de movilizaciones en una construcción de madera, cartón y plásticos, en demanda de su empleo y de su salario. La última nómina que cobraron fue la de agosto. Sus salarios medios son de mil euros y no han actualizado el IPC desde 2004. Entre sus demandas salariales estaban subidas del 3,6% y del 3,2% para los años 2005 y 2006, y un incremento salarial lineal de 1.200 euros para 2007.

"Esto es una deslocalización, porque se han llevado todo lo que han podido a una fábrica en Rumanía", critica Iñaki, otro trabajador. El pasado día 24 de octubre la Inspección de Trabajo remitió a la Fiscalía su informe, al considerar que las decisiones adoptadas por la compañía son "muy graves" y podrían constituir "un ilícito penal".

El inspector denunciaba la actitud patronal por el cierre durante la huelga y por "incumplir la resolución de reapertura dictada por la autoridad laboral". La dirección de la empresa hizo caso omiso de la resolución del Ejecutivo vasco del día 9 de octubre, cuando calificó de "ilegal" el cierre y ordenó la reapertura inmediata del centro.

Para Fernando, que lleva ocho años en la firma, "es incomprensible que el Gobierno vasco y la Justicia no estén con el trabajador en estos casos".