El Consell elude su responsabilidad de aplicar la Ley de Dependencia

La primera jornada del debate de los presupuestos en el pleno de las Cortes puso de relieve el interés del Consell por eludir toda responsabilidad administrativa a la hora de aplicar en territorio valenciano la Ley de Dependencia impulsada por el Gobierno socialista.

El PP introdujo en comisión una enmienda al articulado de la ley de presupuestos que establece que "en los procesos de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones" correspondientes "el vencimiento del plazo máximo sin haberse dictado resolución expresa determinará la desestimación de la solicitud formulada por silencio administrativo".

Las solicitudes que no se hayan resuelto en 6 meses serán desestimadas

El texto modifica el carácter positivo del silencio administrativo que sí reconocía el decreto de 28 de septiembre donde se establecía el "procedimiento para reconocer el derecho a las prestaciones del sistema valenciano para las personas dependientes".

El problema reside en el escaso número de técnicos al servicio de la Generalitat que deben acreditar el grado de dependencia de las personas que tienen derecho a las ayudas públicas, explica el diputado socialista Antonio Torres. Apenas 35 técnicos radicados en Valencia deben atender un número de solicitudes que se estima en torno a 35.000 en todo el territorio valenciano. Los dependientes que solicitaron las prestaciones públicas hace más de seis meses tienen formalmente reconocido el derecho a recibirlas, pero los técnicos deben resolver la cuantía de la ayuda en función del grado de dependencia.

Sin esa acreditación, el derecho a la ayuda es una mera formalidad. "La ley de procedimiento administrativo establece que el ciudadano puede exigir una resolución que acredite su situación en el plazo máximo de 20 días", sigue Torres, "y señala que el administrado puede exigir responsabilidades a la persona que debe responder su solicitud, en este caso el subsecretario de Bienestar Social".

La posibilidad de que miles de valencianos dependientes exigieran responsabilidades al número dos de Bienestar Social ha llevado al PP a modificar el decreto para convertir en negativo el silencio administrativo en el reconocimiento del derecho a las ayudas públicas de los dependientes. Además, al introducir la modificación por ley, los recursos de los ciudadanos dependientes que consideren que tiene derecho a las ayudas deben elevarse ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

La diputada socialista Cristina Moreno azuzó a en varias ocasiones a José Marí, letrado y diputado del PP, para que argumentara ante el pleno de las Cortes las razones de la modificación del procedimiento de acceso a las ayudas que establece la Ley de Dependencia que se aprobó ayer. "No están boicoteando una ley de José Luis Rodríguez Zapatero, sino a miles de valencianos", dijo Moreno. Sólo obtuvo el silencio por respuesta.